Un control de rutina en Curuzú Cuatiá derivó en un procedimiento que pone bajo la lupa el circuito de comercialización de carne en la región. Personal del Priar, junto a un veterinario, requisó un comercio ubicado en Chiclana 855, donde se constató la existencia de productos cárnicos con certificaciones bromatológicas presuntamente falsificadas.
El procedimiento formó parte de las directivas que la Policía viene ejecutando en todo el territorio provincial para desalentar el mercado negro de carne, un eslabón clave en la cadena delictiva del abigeato.
IRREGULARIDADES Y RIESGO SANITARIO
Durante la inspección en el local de Roberto Oscar Fuentes, los efectivos hallaron cortes de toro con restos de tierra y pasto, condiciones incompatibles con los protocolos de un frigorífico habilitado. Según el informe pericial, los supuestos sellos de control no eran más que manchas de tinta violeta poco visibles, un intento burdo de simular la fiscalización legal.
Ante la evidencia, el fiscal Oscar Cañete, y el juez Martín Vega autorizaron el allanamiento y secuestro de aproximadamente 20 kilos de cortes bovinos (paleta, garrón y espinazo), los cuales fueron declarados no aptos para consumo humano y enviados a incineración.
OTRO INTERROGANTE ABIERTO. Queda en duda si el hecho se encuadrará sólo en el artículo 206 como delito sanitario o si la Fiscalía avanzará para investigar el origen y la procedencia de la carne, que es el objetivo que sigue la Policía Rural y se incorporaría la presunta falsificación de sellos
Este operativo se da en un marco de intensificación de la lucha contra los «cuatreros» en el Interior provincial. Las autoridades del Priar han dejado en claro que el objetivo no es solo sancionar la falta bromatológica (encuadrada como delito sanitario en el artículo 206 del Código Penal), sino ir hacia atrás hasta los proveedores.
En este caso la comprobación de la utilización de sellos falsos agregaría otra figura penal.
EN LA MIRA. El negocio de Roberto Fuentes estuvo en boca de todos en Curuzú Cuatiá luego del procedimiento llevado a cabo, a la luz del día, por la Policía Rural. Hasta ahora, las explicaciones no habrían sido satisfactorias y es una señal de alerta para las distintas bocas de expendio de toda la provincia que están expuestas al implacable accionar de la Policía de Corrientes.
De la información proporcionada no queda en claro si Fuentes acredito la documentación y puso a disposición el cuero del toro que dijo ser de su propiedad.
El interrogante central sigue siendo la procedencia de la carne, eje central de la política de seguridad rural y que algunos fiscales aun no terminan de comprender.