El Juzgado Federal N°1 de Corrientes amplió los procesamientos de 13 integrantes vinculados a la organización venezolana Tren de Aragua. La decisión eleva la apuesta judicial al imputarlos formalmente por asociación ilícita bajo la modalidad de “organización criminal”, una figura que contempla penas de hasta 20 años de prisión.
La estructura criminal estaba bajo el mando de Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”, líder de una facción conocida como la “Banda del Yiyi”. Boscán Bracho, quien operaba desde las sombras con una identidad falsa tras ingresar al país en 2019, fue capturado en octubre de 2023 en Corrientes y hoy permanece bajo un régimen de máxima seguridad en el penal de Ezeiza. Su detención permitió a la Unidad Fiscal Corrientes, junto a la Ufeco y la Procelac, desmantelar una red que combinaba logística internacional con negocios de fachada en suelo argentino.
La investigación, liderada por los fiscales Carlos Schaefer, Flavio Ferrini y Santiago Marquevich, entre otros, describe una operativa de una complejidad para el estándar local. La organización no solo se dedicaba al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, cargos que ya pesaban sobre ellos, sino que había logrado una «cooperación permanente y sostenida» que excedía la comisión de delitos aislados.
Entre los puntos más oscuros de su funcionamiento, se destacan que utilizaban un local comercial en el barrio porteño de Colegiales, bajo el nombre de “Giro Activo”, para transferir fondos al margen de los controles bancarios. Además, se estima que el volumen de blanqueo superó los 120 millones de pesos, utilizando desde “correos humanos” hasta sociedades pantalla y transferencias circulares para borrar el rastro del dinero. La banda adquirió propiedades de gran valor, incluyendo un campo en las afueras de Corrientes y locales en Buenos Aires y La Plata, a pesar de que sus miembros no registraban actividad laboral formal.
Este endurecimiento procesal llega tras un revés en diciembre pasado, cuando la Cámara Federal había anulado parcialmente la acusación por organización criminal por defectos formales en las notificaciones. Tras subsanar estos errores en una serie de nuevas indagatorias en enero de este año, el juez Gustavo Fresneda ratificó que existe prueba «semiplena» de una estructura criminal que operó al menos hasta mayo de 2025.
En febrero de 2025, el Ministerio de Seguridad incluyó al Tren de Aragua en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET). Esta etiqueta refuerza la tesis de los fiscales, quienes sostienen que el grupo no solo buscaba lucro económico, sino que forma parte de una red transnacional capaz de desestabilizar economías y perpetrar delitos violentos, como los que Boscán Bracho ya tenía acreditados en Venezuela: extorsión, homicidio y terrorismo.
Con 11 venezolanos, una colombiana y un argentino en el banquillo, la causa en Corrientes se posiciona como el expediente más avanzado y complejo contra el Tren de Aragua en territorio nacional.