En una jornada de definiciones clave en el Congreso de la Nación, La Libertad Avanza (LLA) logró dar un paso decisivo hacia la sanción de la Reforma Laboral al obtener el dictamen de mayoría en un plenario de comisiones del Senado. Tras un debate intenso en el Salón Azul, el proyecto (que ya cuenta con media sanción de Diputados, donde le habían introducido modificaciones) quedó habilitado para ser tratado en el recinto el próximo viernes.
La celeridad del trámite, que inició con el ingreso del expediente este jueves a las 8 y concluyó con el despacho al mediodía, reflejó la urgencia del Ejecutivo nacional por consolidar sus reformas estructurales bajo una nueva mayoría parlamentaria, lo cual fue posible gracias al acompañamiento de los sectores denominados «dialoguistas», es decir, el PRO, la UCR y representantes del peronismo no kirchnerista.
En este escenario de alta tensión política, resultó importante la labor desplegada por el senador nacional por Corrientes, Eduardo «Peteco» Vischi (UCR). El legislador correntino, en un trabajo de fina articulación política, se consolidó como uno de los principales interlocutores que, junto a la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dialogó y persuadió a sus pares para garantizar el acompañamiento necesario. Esta tarea de orfebrería parlamentaria permitió destrabar posiciones en el bloque radical y asegurar las firmas para el dictamen, reafirmando el peso estratégico de los representantes de la provincia en la mesa de decisiones nacional y la capacidad de gestión del exintendente de Paso de los Libres en el ámbito federal.
«Continuamos debatiendo sobre el proyecto de modernización laboral, con el objetivo de lograr la sanción de la mejor ley posible, que posibilite salir del estancamiento crónico y crear mayores oportunidades de trabajo en nuestro país», dijo el senador correntino.

HACIA LA SANCIÓN DEFINITIVA
La estrategia parlamentaria para asegurar el avance del expediente contempló modificaciones sustanciales respecto del texto que circuló inicialmente en el Congreso. Para facilitar el acuerdo con los sectores dialoguistas, el oficialismo aceptó la eliminación del artículo 44, referido a las licencias por enfermedad, un punto que generaba fuertes resistencias en las centrales sindicales y en los bloques de la oposición.
Con este cambio, el plenario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, junto a la de Presupuesto y Hacienda, selló el compromiso que se refrendará en la sesión especial prevista para el viernes de la próxima semana en el recinto del Senado.
En ese contexto, desde el oficialismo confían plenamente en que la ley reducirá la litigiosidad y fomentará la inversión privada, dotando a la economía de una herramienta que consideran vital para la salida de la recesión.
LOS CORRENTINOS, DIVIDIDOS
El avance en el Senado se produce luego de una votación dispar en la Cámara de Diputados, donde los siete representantes de Corrientes expusieron sus diferentes posiciones sobre el programa económico nacional.
Los diputados Lisandro Almirón, Virginia Gallardo y Federico Tournier (LLA), junto a Diógenes González (UCR), respaldaron la iniciativa bajo la premisa de la modernización. Por el contrario, Raúl Hadad, Nancy Sand y Christian Zulli (Unión por la Patria) manifestaron su rechazo tajante.
«LA INDUSTRIA DEL JUICIO»
Históricamente, el debate sobre la legislación laboral en Argentina ha estado marcado por la parálisis. Tal como señalan diversos analistas y referentes locales, el país atraviesa un ciclo de casi cuatro décadas sin una creación sustancial de empleo genuino en el sector privado, lo que ha generado un consenso creciente en sectores del oficialismo, el radicalismo y el PRO sobre la necesidad de actualizar las normas para dotar de seguridad jurídica a las pequeñas y medianas empresas.
La denominada «mochila argentina» y la litigiosidad laboral son citadas frecuentemente como las barreras que impiden a los emprendedores correntinos expandir su nómina de personal.
“NO HAY QUE ENFRENTAR AL EMPLEADOR Y EL EMPLEADO”
La defensa del proyecto estuvo signada por la necesidad de «liberar» las relaciones laborales para incentivar el emprendedurismo. Al respecto, la diputada nacional Virginia Gallardo (LLA) sostuvo una postura en favor de desmitificar la figura del empleador. «No me gusta que, generalmente, cuando tratamos sobre temas laborales, ponemos como enfrentados al empleador y al empleado», expresó.
Para la legisladora, el empresario es quien apuesta y se pone en riesgo en una Argentina con altibajos, y advirtió que cerrar una empresa por el peso de las indemnizaciones no es grato para nadie: «Me parece que es darle la chance a esa persona de que se anime a emprender, a salir adelante y a contratar; entender que, si las cosas no funcionan, hay tiempo de modificarlas», expresó.

Desde el ámbito provincial, el senador Henry Fick (UCR) coincidió en la urgencia de otorgar razonabilidad jurídica al sistema productivo. «Hace más de 30 o 40 años que no se crean empleos genuinos o no hay un aumento sustancial de los mismos en Argentina; evidentemente algo debemos cambiar para generar nuevas expectativas», señaló el exintendente de Mocoretá.
Fick fue enfático al referirse a la «industria del juicio» como un flagelo que pone en riesgo fuentes de trabajo reales, al citar ejemplos recientes de multas millonarias que amenazan la continuidad de firmas nacionales: «El derecho del trabajador no se debe tocar, pero todo tiene que ser razonable porque se invierte mucho esfuerzo en el pueblo y la provincia», concluyó.
CÓMO SIGUE
La sesión del próximo viernes se perfila como un punto de inflexión para el Gobierno nacional, que busca en el Senado la validación de su agenda de desregulación.
Para Corrientes, el resultado no solo será una definición económica, sino una muestra del peso político de sus representantes en el armado nacional, con un bloque oficialista que se muestra seguro de contar con las firmas necesarias para garantizar el tratamiento y la sanción definitiva de la norma.

