El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes dio inicio esta semana al juicio contra Jorge Eduardo “Chaquito” Espinosa, señalado como el cerebro de una organización transnacional que, paradójicamente, lograba coordinar el tráfico de marihuana desde su celda en la cárcel federal de Resistencia. Junto a él son juzgados su madre, Juana Torres, y un transportista, Rubén Ángel María Tabares.
La investigación, llevada adelante por la Unidad Fiscal Corrientes y la Procunar, revela un esquema de logística que operó activamente al menos entre mayo de 2021 y marzo de 2023.
Entre los puntos claves de la acusación exponen cómo la organización lograba sortear los controles fronterizos y carcelarios. Espinosa, quien ya purga una condena unificada de más de 10 años por causas previas como el operativo «Sapucay», utilizaba teléfonos móviles y las líneas oficiales de la Prisión Regional del Norte para impartir órdenes. A través de su hermano (ya condenado), articulaba la logística externa, el manejo de fondos y los movimientos de la droga.
El rol de su madre, Juana Torres, era fundamental en el andamiaje financiero. Según la fiscalía, ella y la pareja de Espinosa recibían en cuentas bancarias y billeteras virtuales los pagos del narcotráfico. Incluso, se detectaron transferencias de dinero desde el entorno de Torres hacia cuentas de efectivos del Servicio Penitenciario Federal.
El modus operandi consistía en obtener la sustancia en Paraguay, ingresarla al país por la localidad de Itatí y desde allí distribuirla a distintas provincias para su comercialización. En operativos vinculados a esta causa, se llegaron a secuestrar cargamentos que superan los 700 kilogramos de marihuana.
Uno de los momentos más dramáticos de la pesquisa ocurrió en enero de 2025, con la detención del transportista Tabares. El imputado protagonizó una persecución por la Ruta Nacional 12 al mando de un Volkswagen Polo que tenía pedido de secuestro por robo y portaba patentes apócrifas. En el baúl del vehículo se hallaron más de 600 kilos de droga.
El debate, presidido por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, ya escuchó los primeros testimonios de las fuerzas de seguridad. Mientras que 12 integrantes de la banda ya aceptaron su culpabilidad en juicios abreviados, el destino de «Chaquito» y sus colaboradores cercanos comenzará a definirse el próximo 20 de febrero, cuando se reanuden las audiencias.