l llamado a concurso del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ) para designar un fiscal rural en la cuarta circunscripción judicial, con sede en Paso de los Libres, fue tomado con cautela, pero también con gran expectativa por el dirigente rural Marcelo Carbonell, quien aseguró que se trata del resultado de años de reclamos del sector agropecuario ante el avance del delito rural.
Según explicó el integrante de la Sociedad Rural de Paso de los Libres, en el programa Ponele H Radio-TV, la falta de una Fiscalía especializada generó demoras, desigualdad en el accionar judicial y una pérdida de prioridad frente a los delitos urbanos.
Carbonell sostuvo que el robo de ganado dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un delito organizado, con logística, transporte, tecnología y documentación fraudulenta.
El dirigente valoró el reciente accionar de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (Priar), aunque advirtió que la principal falla estuvo en la Justicia. Y en ese marco, afirmó que el impacto mediático y los operativos recientes aceleraron una decisión política largamente postergada.
Si bien el proceso de selección llevará varios meses, aseguró que las entidades rurales acompañarán el camino institucional para que la Fiscalía comience a funcionar a mitad de año.
RECLAMO HISTÓRICO DEL SECTOR
Desde la Sociedad Rural de Paso de los Libres y la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes insistían desde hace años en la necesidad de contar con fiscalías especializadas.
«Es la culminación de una ardua lucha que venimos haciendo hace varios años desde la Sociedad Rural de Paso de los Libres», resaltó Macelo Carbonell. Además, sostuvo que la decisión se aceleró tras los últimos operativos y la repercusión pública del delito rural.
«Evidentemente el sistema funciona a través de presión. A veces las medidas se toman cuando explota la bomba», apuntó durante la entrevista en el programa de la primera mañana de FM Atlántida.
Bandas organizadas y delito sistemático
Marcelo Carbonell advirtió que el robo de ganado dejó de ser un hecho aislado. «Esto ya no es que te matan una vaca cada tanto. Es una organización con transporte, campos de acopio y guías fraudulentas», aseveró.
Y, si bien señaló la falta de recursos, destacó el accionar del Priar. «La Policía tiene voluntad y hace lo que puede con muy pocos recursos; la falla estaba en la Justicia», indicó.
Por último, el ruralista libreño coincidió en que el proceso institucional demandará varios meses, pero el sector rural espera avances concretos. «La decisión política ya está tomada. Ahora hay que acompañar el proceso para que llegue a buen puerto», puntualizó.
Las entidades rurales aseguraron que seguirán acompañando el proceso hasta que la Fiscalía Rural comience a funcionar y se convierta en una herramienta clave para la seguridad del sector productivo.
Delito relegado frente al urbano
Carbonell explicó que sin una Fiscalía específica los delitos rurales quedaban relegados en la agenda judicial.
«El delito rural pasaba a estar al fondo de la cola porque los fiscales están abarrotados con delitos urbanos», subrayó el ruralista libreño. Asimismo, marcó fuertes contrastes entre los fiscales Facundo Sotelo y Daniela Di Tomaso, y habló de una falla estructural.
«La ley es la misma para todos, lo que cambia es cómo se aplica. No todos los fiscales actúan de la misma manera», remarcó.