La Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos con prisión preventiva dictados contra trece personas acusadas de integrar una estructura dedicada al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, con presuntos vínculos con la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua.
El grupo está compuesto por once personas de nacionalidad venezolana, una colombiana y un ciudadano argentino, y la decisión ratificó lo resuelto en primera instancia por el Juzgado Federal N°1 de Corrientes el 4 de septiembre pasado, incluyendo los embargos de un millón de pesos sobre los bienes de cada imputado.
La resolución fue adoptada por los jueces Ramón Luis González y Mirta Gladis Sotelo, al rechazar los recursos de apelación interpuestos por las defensas.
En la instancia de revisión intervinieron el fiscal general subrogante ante la Cámara, Carlos Schaefer, y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Alberto Barbuto. La investigación contó además con la participación de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich, en una causa iniciada en 2023.
Con la confirmación del tribunal, nueve personas quedaron procesadas por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre ellas se encuentra el principal imputado, Guillermo Rafael Boscán Bracho, junto a otros ocho acusados identificados por sus iniciales.
En tanto, otras cuatro personas fueron procesadas únicamente por lavado de activos. Si bien todos habían sido procesados originalmente también por asociación ilícita en su modalidad de organización criminal, la Cámara declaró la nulidad parcial del auto de procesamiento respecto de esa imputación específica prevista en el artículo 210 tercero del Código Penal.
INVESTIGACIÓN, MANIOBRAS Y VÍNCULOS TRANSNACIONALES
La causa tuvo su origen en octubre de 2023, tras la detención de Boscán Bracho en el marco de un pedido de extradición internacional. A partir de ese hecho, la investigación permitió reconstruir, según sostuvieron los fiscales, el funcionamiento de una presunta estructura criminal con ramificaciones transnacionales, activa al menos desde 2019 y organizada en dos células operativas que habrían actuado de manera coordinada bajo el liderazgo del imputado principal, incluso desde su lugar de detención.
De acuerdo con el fallo, el grupo habría demostrado una significativa capacidad económica y logística, evidenciada en la adquisición de bienes de alto valor sin respaldo en ingresos lícitos. La Cámara valoró que la pesquisa permitió identificar múltiples maniobras de blanqueo de capitales cuyo volumen total fue estimado en más de 120 millones de pesos, cifra que reflejaría la magnitud del circuito financiero presuntamente desplegado por los acusados.
RED NARCO. Una de las propiedades adquiridas por la organización y allanadas, fue un campo a 30 kilómetros de la ciudad de Corrientes. Foto: Policía Federal.
Entre las operatorias detectadas se describieron el uso de un sistema informal de transferencias tipo hawala, que opera al margen del sistema bancario tradicional y se basa en redes de confianza, bajo el nombre comercial “Giro Activo” en el barrio porteño de Colegiales; el ingreso de divisas al país mediante “correos humanos”; el fraccionamiento de remesas; la constitución de sociedades de fachada para la explotación de locales comerciales; y un esquema de transferencias circulares entre los integrantes del grupo destinado a dificultar la trazabilidad de los fondos. Los camaristas consideraron además que parte de esos recursos habrían sido destinados a sostener actividades de la organización Tren de Aragua fuera del país.
Al fundamentar la imputación por financiamiento del terrorismo, el tribunal sostuvo que “el juez de grado no fundó la imputación en meras alusiones contextuales ni en la sola referencia nominal al ‘Tren de Aragua’, sino en la verificación de un circuito económico organizado, estable y de significativa magnitud, destinado a generar y canalizar recursos hacia el sostenimiento de una estructura criminal transnacional que, conforme información institucional coincidente y no desvirtuada en esta instancia, se encuentra vinculada a hechos calificados como terroristas y ha sido incluida en registros oficiales como el RePET”. La resolución recordó que la organización fue inscripta en febrero pasado en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento mediante la Resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional.
DECISIONES JUDICIALES, PRUEBAS Y MEDIDAS DE COERCIÓN
Para arribar a sus conclusiones, la Cámara ponderó un amplio conjunto de elementos probatorios, entre ellos informes de organismos estadounidenses como el FBI y la Oficina de Investigaciones Criminales, análisis elaborados por la PROCELAC, informes de la Policía Federal Argentina, el levantamiento del secreto bancario y fiscal, intervenciones telefónicas, tareas de vigilancia sobre presuntas “cuevas” financieras, registros migratorios y documentación secuestrada en los allanamientos realizados el 28 de mayo de 2025. En esos procedimientos se incautaron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, documentación inmobiliaria y un pasaporte apócrifo.
En relación con los planteos defensivos, la Cámara rechazó los pedidos de nulidad por falta de fundamentación y sostuvo que el juez de primera instancia realizó un análisis autónomo y una valoración integral de la prueba. “El juez desarrolló un razonamiento autónomo y verificable”, afirmaron González y Sotelo, quienes señalaron que la resolución apelada describió con detalle la plataforma fáctica reconstruida, la hipótesis delictiva sostenida y los roles atribuidos a cada imputado dentro de la presunta organización.
Los camaristas añadieron que el magistrado de grado expuso el modo de funcionamiento atribuido al grupo desde al menos 2019, la división interna en dos células operativas, los domicilios base de acción en Santa Ana, Canning y Gonnet, y la articulación entre ambas a partir de las directivas que, según la investigación, habría impartido Boscán Bracho incluso desde su detención.
“Del mismo modo, delimita el objeto de la pesquisa: el presunto movimiento de más de $120.000.000 mediante sistemas de transferencia informal, remesas fraccionadas, giros físicos de divisas, utilización de locales y sociedades de fachada, adquisición de propiedades y vehículos con fondos presuntamente ilícitos y manejo de cuentas sin respaldo económico”, indicaron.
En cuanto a las medidas de coerción personal, la Cámara confirmó en términos generales las prisiones preventivas al considerar vigentes los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. No obstante, ratificó el arresto domiciliario para tres de las imputadas, en atención a situaciones familiares particulares. Al responder los traslados, el fiscal general subrogante y el auxiliar fiscal de la PROCELAC sostuvieron la necesidad de garantizar la eficacia de las medidas cautelares patrimoniales y solicitaron la confirmación de los procesamientos para avanzar hacia la etapa de juicio.