Bajó el telón de su período ordinario con una señal política de alto consenso y una reforma estructural para el Poder Judicial. En una sesión cargada de emotividad por la despedida de los legisladores salientes, el cuerpo sancionó por unanimidad la Ley de Sistema de Justicia Procesal Juvenil, una deuda pendiente desde 2019 que moderniza el tratamiento de los menores en conflicto con la ley.
La sanción definitiva llegó tras una «pulseada» legislativa: Diputados decidió insistir con su redacción original, desestimando las modificaciones que había introducido el Senado. El objetivo fue blindar el espíritu garantista de la norma, asegurando que los jóvenes no sean absorbidos por la lógica del sistema penal adulto.
EL FIN DE LA
«LÓGICA ADULTA»
El corazón de la nueva ley es el cambio de paradigma. Se deja atrás el enfoque puramente punitivo para abrazar una finalidad socioeducativa y restaurativa.
La diputada Lucía Centurión, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y miembro informante, fue contundente al defender la insistencia del texto propio: «No podemos permitir que los jóvenes sean absorbidos por sistemas para adultos. Necesitan un sistema que los acompañe, no que los abandone», expresó.
Esta postura fue respaldada por Eugenia Mancini, quien apeló al sentido común para justificar la diferenciación procesal: «Muchos de los que estamos aquí somos padres y de ninguna manera tratamos a un adolescente como un adulto». Por su parte, Albana Rotela destacó que la ley garantiza jueces formados específicamente en Derechos de la niñez.