A más de 17 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes emitió una resolución clave para el futuro del expediente: ratificó su competencia federal para llevar adelante el juicio oral contra los siete imputados por la sustracción y el ocultamiento del niño, frenando así una maniobra de las defensas que amenazaba con empantanar la causa en conflictos de jurisdicción.
La decisión fue firmada por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Víctor Alonso González y Fermín Amado Ceroleni, quienes rechazaron de plano los planteos que buscaban remitir las actuaciones a la justicia ordinaria de la provincia. De esta manera, se despeja el camino para la inminente fijación de la fecha del debate oral.
El «vericueto legal» de las defensas
El conflicto jurídico surgió tras la clausura de la instrucción, cuando la jueza federal Cristina Pozzer Penzo elevó la causa a juicio descartando definitivamente la hipótesis de trata de personas (delito federal) y encuadrando los hechos bajo la figura de sustracción de menores (Artículo 146 del Código Penal).
Ante este cambio de calificación, la defensa oficial de Antonio Benítez, encabezada por Enzo Mario Di Tella, junto a los representantes legales de Walter Maciel, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, Laudelina Peña, Carlos Pérez y María Victoria Caillava, argumentaron que, al no existir el delito de trata, la Justicia Federal perdía su razón de ser en el expediente.
«La competencia federal es excepcional. Al desestimarse la hipótesis que justificó la radicación de la causa ante este fuero, se debe declarar la incompetencia», sostuvieron los letrados, calificando la permanencia en tribunales federales como una «extensión ilegítima de jurisdicción».
Prioridad: Evitar la impunidad y la dilación
Sin embargo, el Tribunal Oral coincidió con la postura del fiscal general Carlos Schaefer y de la querella, representada por Gustavo Briend (en representación de la familia), al considerar que enviar la causa a la justicia provincial a esta altura solo serviría para dilatar un proceso que exige respuestas urgentes.
En sus fundamentos, los jueces destacaron que la aceptación de la competencia dota de «seguridad jurídica y economía procesal» al litigio. Subrayaron que, con las pruebas ya producidas y las partes citadas, «un cambio de fuero atentaría contra el plazo razonable y el principio de celeridad», vitales en una causa donde hay personas privadas de libertad y un niño que cumplió 6 años estando desaparecido.
Además, el fallo recogió la preocupación de la familia de Loan, quienes advirtieron sobre la «parcialidad estructural» que podría sufrir el caso si regresara a la órbita provincial, dada la implicación de funcionarios públicos locales, como el ex comisario Walter Maciel. Para la querella, la situación configura una grave violación de derechos humanos que habilita la intervención federal, independientemente de la carátula final.
Camino al juicio oral
Con esta resolución, que también rechazó un planteo de inconstitucionalidad de la defensa de Maciel, el TOF de Corrientes cerró la puerta a nuevos traslados y avocamientos innecesarios.
El mensaje de la Justicia fue claro: no corresponde fragmentar la causa ni «escudriñar» hechos para repartirlos entre fueros. La investigación, iniciada el 13 de junio de 2024, deberá resolverse en un único debate oral federal, cuya fecha se espera sea anunciada en las próximas semanas, buscando arrojar luz sobre qué pasó realmente con Loan.