El Juzgado Federal de Goya autorizó la reanudación de la búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en junio de 2024.
Mediante la Resolución N° 527/2025, la Justicia dispuso la ejecución de nuevos rastrillajes, allanamientos y operativos en la zona rural de la localidad de 9 de Julio, donde el menor fue visto por última vez hace casi un año y medio.
La medida marca una nueva etapa en la investigación, que continúa bajo la órbita federal tras meses de trabajo conjunto entre distintas fuerzas de seguridad y organismos especializados.
De acuerdo con la resolución judicial, los procedimientos comenzaron este lunes 10 de noviembre y se centran en cuatro lagunas ubicadas en las cercanías al campo del matrimonio conformado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, sobre la Ruta Provincial 113.
Los investigadores consideran que esa zona podría aportar información relevante para esclarecer el caso, teniendo en cuenta que se encuentra próxima al último punto donde se registraron movimientos vinculados a la desaparición del niño. La decisión fue adoptada luego de un análisis de peritajes previos, testimonios y nuevos datos surgidos de la investigación principal.
El documento firmado por el juzgado establece que las tareas se prolongarán durante 50 días, con posibilidad de extensión en función de las condiciones climáticas y los resultados obtenidos. Los rastrillajes incluirán técnicas de exploración terrestre y subacuática, así como el uso de drones, detectores magnéticos y equipos de geolocalización.
El propósito de la medida es agotar todas las líneas de búsqueda en los cuerpos de agua y zonas aledañas, considerando la complejidad del terreno y el tiempo transcurrido desde la desaparición.
OPERATIVO CONJUNTO ENTRE FUERZAS Y ORGANISMOS TÉCNICOS
La reactivación del operativo implica la intervención coordinada de diversas instituciones nacionales y provinciales. Entre ellas, participan el Comando Unificado Corrientes (CUC), el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina y la Policía de Corrientes.
Además, se suman organismos técnicos y ambientales como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Dirección de Flora y Fauna, los Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.
Las autoridades señalaron que la cooperación interinstitucional resulta esencial para el desarrollo de una búsqueda eficiente y segura, dadas las características geográficas de la zona.
Las lagunas elegidas para los rastrillajes presentan extensas áreas de vegetación, profundidad irregular y accesos limitados, lo que requiere el uso de equipamiento especializado y personal capacitado en rescate y análisis ambiental. La articulación entre las distintas agencias permitirá, además, evaluar los resultados en tiempo real y ajustar la estrategia operativa según la evolución de los trabajos.
El despliegue de efectivos y peritos se realiza bajo supervisión judicial directa, con presencia de representantes del Ministerio Público Fiscal y control de las autoridades locales. Los investigadores buscan descartar o confirmar hipótesis sobre posibles movimientos de personas o vehículos en el área durante los días posteriores a la desaparición.
Asimismo, se prevé la toma de muestras y la aplicación de estudios técnicos en las zonas de mayor interés, con el objetivo de encontrar cualquier rastro o evidencia vinculada al paradero de Loan.
AVANCES EN LA CAUSA Y SITUACIÓN DE LOS IMPUTADOS
El caso de Loan continúa siendo una de las investigaciones más complejas y sensibles en el ámbito judicial de Corrientes. En la causa se encuentran procesados Laudelina Peña, Antonio Benítez, Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el ex comisario Walter Maciel, todos acusados por su presunta participación en la desaparición del niño.
Los procesamientos fueron dictados a partir de pruebas recolectadas durante los primeros meses de la pesquisa, incluyendo peritajes de teléfonos celulares, testimonios y reconstrucciones del recorrido realizado el día del hecho.
Cabe remarcar que la fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar la secuencia exacta de los acontecimientos y el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados. En ese marco, los nuevos rastrillajes podrían aportar información complementaria que permita reforzar o descartar hipótesis existentes.
El Ministerio Público subrayó la importancia de continuar con las tareas de búsqueda “hasta agotar todas las posibilidades materiales y técnicas disponibles”, priorizando la cooperación entre los distintos organismos intervinientes.