La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes reconoció formalmente como víctimas a los tres hijos menores de edad de una mujer que cumple arresto domiciliario, imputada por comercialización de estupefacientes. El tribunal revisor adoptó esta postura en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), priorizando el «interés superior del niño».
La medida judicial interviene en la causa seguida contra una mujer detenida en septiembre pasado, acusada de vender estupefacientes para una red narco que operaba en la ciudad de Itatí.
A pesar de que el juez subrogante a cargo del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, Gustavo Fresneda, había rechazado inicialmente el pedido de excarcelación o prisión domiciliaria de la mujer, la defensa apeló ante la Cámara. El Fiscal General Carlos Schaefer adhirió parcialmente al recurso, avalando la prisión domiciliaria por considerarla una «cuestión humanitaria» y en razón de que la imputada convive con sus tres hijos, de 10, 15 y 18 años.
El fiscal Schaefer hizo un llamado a destacar la situación de los niños, niñas y adolescentes que integran el núcleo familiar de quien delinque, resaltando la importancia de las políticas públicas para garantizar sus derechos.
La Cámara Federal, integrada por el juez Ramón Luis González y la jueza Mirta Gladis Sotelo, concedió el beneficio del arresto domiciliario al considerar que la presencia de la madre era «fundamental» en el hogar, pero condicionó la medida a estrictas salvaguardas.
Por lo tanto, se dispuso la designación de un tutor para el cumplimiento de la medida morigerada de coerción y, posteriormente, un defensor de víctimas que asista a los menores. El defensor de víctimas tendrá la obligación de evaluar, asistir a los menores y presentar informes periódicos ante el tribunal revisor. Estos reportes son cruciales tanto para evaluar la continuidad de la prisión domiciliaria como para reportar «eventuales perjuicios que puedan padecer los menores de edad». El MPF había requerido que estos informes se presentaran cada 60 días.
El MPF también exigió la realización de controles psicológicos periódicos sobre los menores. A su vez, ordenaron comunicar la decisión a la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (Dipna) y al Juzgado de Familia competente, con el objetivo de que se realicen «medidas concretas de protección de los menores».
EL CONTEXTO DEL DELITO
La mujer fue detenida el 2 de septiembre pasado durante un allanamiento en su domicilio, ubicado en el Barrio de Ibiray. En esa residencia, que funcionaba como un “kiosco” de drogas, las autoridades decomisaron 190 gramos de cocaína y 274 gramos de marihuana. Además, se incautaron 826.640 pesos, ocho teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga, incluyendo tijeras y una balanza de precisión.
La acusada ya registraba antecedentes, habiendo sido condenada a una pena de 4 años de prisión en 2022 en el marco de otra causa por transporte de estupefacientes.