El Servicio Penitenciario de la Provincia de Corrientes emitió hoy un comunicado oficial dirigido a la opinión pública, con el objetivo de transparentar las acciones tomadas tras la difusión en redes sociales de una grave acusación que involucra a una de sus funcionarias.
Las publicaciones, que circularon en las últimas horas vinculan a un personal femenino de la institución con un supuesto caso de trata de personas, un delito de extrema gravedad. Ante esta situación, menciona el comunicado que las autoridades penitenciarias actuaron con celeridad, aplicando de inmediato las medidas administrativas de rigor.
Separación preventiva y compromiso con la investigación
En un gesto que subraya el compromiso de la institución con la transparencia y la legalidad, se ha determinado el apartamiento preventivo de la funcionaria de sus funciones operativas y de contacto con la población penal.
«La funcionaria ha sido apartada preventivamente de sus funciones operativas y de contacto con la población penal, a la espera de que se complete la investigación y se deslinden las responsabilidades que puedan corresponder o lo que resulte del proceso», detalla el comunicado.
Esta decisión se mantiene mientras se completa la investigación interna y se espera el resultado del proceso judicial que pudiera iniciarse.
El Servicio Penitenciario fue enfático al recalcar que la acción se lleva a cabo con «máxima seriedad y celeridad», reafirmando su política de cero tolerancia ante cualquier conducta que se desvíe de los principios éticos y legales que rigen el accionar de sus miembros, especialmente ante la mención de delitos tan sensibles y graves como la trata de personas.
Colaboración total con la Justicia
Actualmente, las actuaciones administrativas internas se encuentran en curso. Además, la institución dispuso la colaboración total con los organismos judiciales competentes en caso de que se inicie una investigación penal formal.
El Servicio Penitenciario de Corrientes reitera su compromiso con la verdad y la justicia, y asegura que mantendrá la reserva necesaria en el proceso para garantizar el debido curso de las investigaciones y proteger la integridad de todas las partes involucradas, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras se esclarecen los hechos.
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