El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad restablecer todos los beneficios suspendidos y pagar los haberes retenidos. Además, dispuso que el organismo se abstenga de continuar auditorías y suspensiones hasta que haya una sentencia definitiva. El fallo se da en medio del caso por presuntas irregularidades en su gestión y tras la decisión del Gobierno de pausar las bajas mientras avanza una auditoría interna supervisada por el ministro de Salud, Mario Lugones.
03-POLITICA-5El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca dictó una resolución que obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a restablecer en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones no contributivas por discapacidad suspendidas en todo el país, y a pagar los haberes retenidos.
La medida judicial incluye además la orden de abstenerse de realizar nuevas auditorías o disponer suspensiones adicionales hasta que exista una sentencia definitiva en el proceso principal.
El fallo, emitido ayer, 18 de octubre, representa un giro judicial de alcance nacional en el tratamiento de los derechos de las personas con discapacidad, luego de meses de incertidumbre generada por las revisiones masivas iniciadas por el Gobierno.
Según lo dispuesto, el cumplimiento de la sentencia deberá ser inmediato, con el objetivo de evitar la profundización del perjuicio sobre los titulares afectados.
La causa fue impulsada por diversas organizaciones y asociaciones civiles, entre ellas la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y particulares damnificados, con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Todas ellas presentaron el reclamo conjunto tras la suspensión de miles de beneficios en diferentes provincias del país.
El Juzgado reconoció el carácter colectivo del reclamo, señalando que las suspensiones impactaron «de forma uniforme sobre miles de titulares de pensiones por invalidez laboral en todo el territorio nacional».
En consecuencia, la resolución extiende su protección a todas las personas perjudicadas sin exigir presentaciones individuales, una decisión que amplía la tutela judicial efectiva en casos de afectación masiva de derechos sociales.
La sentencia designó como representantes del colectivo actor a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores y a la Asociación Azul, en reconocimiento a su trayectoria institucional en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Según el fallo, esta representación busca garantizar «la apropiada y responsable defensa de los derechos e intereses en juego en este proceso, a la luz de la expansión de la cosa juzgada».
CRISIS EN LA ANDIS
La decisión judicial se produce en un escenario de fuerte tensión institucional en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo que fue intervenido a comienzos de septiembre luego de que se difundieran audios del entonces director Diego Spagnuolo, donde reconocía presuntas irregularidades en la compra de medicamentos.
A partir de esa filtración, el Gobierno decidió suspender las bajas y revisar el proceso interno de auditorías que había provocado la eliminación de más de 120 mil pensiones.
La intervención de la Andis fue dispuesta por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien asumió el control del organismo con el objetivo de reorganizar su funcionamiento y supervisar la investigación administrativa.
Tensión
El contexto político de la resolución judicial coincide con un momento de alta tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso nacional. Semanas antes del fallo, el Senado había revertido un veto presidencial y reimpulsado la Ley de Emergencia en Discapacidad, que declara la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. La norma contempla actualizaciones de aranceles, compensaciones económicas y la reformulación de las pensiones no contributivas.
La ley fue aprobada con 63 votos a favor, sumando el respaldo del kirchnerismo, sectores radicales, macristas y bloques provinciales, frente a solo siete votos en contra. Fue la primera vez en más de dos décadas que el Congreso logró revertir un veto presidencial, lo que evidenció el grado de consenso político en torno a la necesidad de atender la situación de las personas con discapacidad.
Alcances
La resolución judicial del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca tiene un impacto nacional debido a que las suspensiones dispuestas por la Andis afectaron a personas de todas las jurisdicciones. De esta manera, el fallo trasciende el ámbito provincial y se proyecta sobre el conjunto del sistema de pensiones no contributivas, al establecer que su cumplimiento debe ser efectivo en todo el territorio argentino. En el texto de la sentencia, el Tribunal enfatizó en que el restablecimiento inmediato de las pensiones constituye una medida urgente para garantizar el acceso a derechos básicos de un colectivo social en situación de vulnerabilidad. El fallo sostiene que las auditorías no pueden interrumpir de manera generalizada la percepción de beneficios sin un procedimiento administrativo individual que respete las garantías del debido proceso.
Claves
El Juzgado ordenó restablecer todas las pensiones por discapacidad suspendidas y pagar los haberes retenidos en todo el país.
La medida incluye la prohibición de realizar nuevas auditorías o suspensiones hasta que exista una sentencia definitiva.