La Cámara de Diputados, bajo la conducción de Pedro Cassani, aprobó con modificaciones dos proyectos de ley que redefinen la forma en que trabajadores y empleadores resolverán sus disputas. Ambas iniciativas, fueron remitidas al Senado para completar su trámite parlamentario.
El paquete de reformas incluye la creación de un «nuevo procedimiento» para la Oficina de Conciliación Laboral (OCL) y, simultáneamente, la derogación de la Ley 6659 que la había establecido originalmente. Además, los legisladores avanzaron en el tratamiento del nuevo Código Procesal Laboral de la provincia.
Según se desprende de los fundamentos de la propuesta, por un lado, brindar soluciones «dinámicas y justas» a los trabajadores, y por otro, «descomprimir el cúmulo de tareas» que actualmente recae sobre los magistrados laborales.
Una vez finalizado el tratamiento legislativo y la promulgación respectiva la ley “permitirá desarrollar un procedimiento obligatorio de conciliación laboral, previo a la interposición de demandas laborales, brindando las partes la posibilidad de transitar una instancia que les permita resolver sus conflictos de manera expedita y sin un desgaste jurisdiccional innecesario”.
Por lo tanto, los trabajadores podrán contar con un patrocinio jurídico gratuito por parte de la autoridad de aplicación; previendo, además, la futura ley, un sistema de cálculo de los honorarios profesionales diferente a la fijada en la ley original, lo cual “posibilita el libre y pleno ejercicio profesional del conciliador, sin incurrir en rigorismos innecesarios”, se detalla en los fundamentos que fueran detallados en algunos puntos por el diputado Eduardo Hardoy en la sesión.
Otro agregado en el texto normativo es el énfasis en la capacitación de los conciliadores, quienes deberán acreditar conocimiento en materia laboral, para poder desempeñarse como tales, de acuerdo a las previsiones de la ley, buscando que la labor que desempeñen sea lo más ajustada a la normativa vigente en la materia, evitando de esa forma, la desprotección de los trabajadores y los errores propios del desconocimiento normativo.