La Provincia de Corrientes ha dado un paso de calado institucional y político con la sanción de la Ley de Desfederalización parcial de delitos tipificados en la Ley de Estupefacientes. Una herramienta que habilita a la Justicia local a tomar las riendas en la persecución del narcomenudeo.
Esta jugada legislativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y con fuerte apoyo en la Cámara de Diputados, busca descomprimir la inacción generada por la naturaleza federal del delito y trasladar el peso de la investigación de la venta barrial de drogas a los tribunales provinciales.
Este avance generó voces contrapuestas de un sector de la oposición que, encarnada en el bloque de ELI, advirtió sobre la falta de recursos de la Provincia para aplicar empíricamente la normativa. Además, la Iglesia Católica, en las voces de los tres obispos de Corrientes (Larregain, Montini y Canecín) hizo hincapié en la necesidad de encontrar un compromiso verdadero del Estado. Puso el foco de la discusión en la necesidad urgente de inversión, estructuras adecuadas y transparencia para su correcta implementación. Los referentes eclesiásticos advirtieron que la lucha contra las adicciones no puede reducirse sólo a un tema policial y plantearon interrogantes directos sobre la capacidad real de la Provincia para afrontar este desafío.
PARA DESTACAR
En este contexto, la diputada Lazaroff consideró necesario remarcar la perspectiva positiva de lo que significó la aprobación de la Ley de Narcomenudeo. La referente del PRO se convirtió en una de las voces más fervientes en la defensa del proyecto, destacando lo hecho como una «respuesta directa y concreta a una de las demandas más sensibles de la sociedad correntina».
«La Provincia quiere combatir el narcomenudeo, ahora tenemos la herramienta», afirmó Lazaroff con convicción. Para la legisladora, esta medida no representa una anulación del rol del Estado nacional, sino una indispensable «redistribución de competencias» que otorga mayor autonomía a Corrientes para abordar una problemática que ya ha penetrado profundamente el entramado social.
«Hay que dejar bien en claro que esta es una decisión política del gobernador, Gustavo Valdés, para que el Gobierno pueda enfrentar con todas las herramientas del Estado provincial un delito que afecta a la sociedad», enfatizó la Diputada del PRO, subrayando que en cada recorrida territorial la venta de drogas a menor escala es un flagelo común que está «carcomiendo el tejido social y destruyendo miles de vidas y familias».
«NO MIRAR
AL COSTADO»
La Diputada apuntó a la urgencia de la acción: «Como representantes de la sociedad hay que ser consecuentes con lo que nos reclama el correntino y en este caso es no mirar al costado. Quienes buscan una solución de fondo no miran banderas políticas, miran a sus legisladores en su conjunto por eso era necesario avanzar y dejar de perder tiempo».