l senador nacional por Corrientes, Eduardo «Peteco» Vischi, en diálogo con Radio Sudamericana, analizó la decisión de la Cámara alta de rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. El legislador remarcó que, de no aplicarse la norma, el Gobierno nacional podría enfrentar «graves problemas judiciales».
Vischi aclaró que su postura no busca oponerse de manera personal al Ejecutivo, sino respaldar «dos cuestiones muy importantes: la atención a las personas con discapacidad y el respeto a la división de poderes».
Explicó que la ley establece herramientas para que el Gobierno pueda responder a un sector especialmente vulnerable de la sociedad. «Lo que hicimos fue darle herramientas a este Gobierno que administra los fondos para poder dar respuestas hasta diciembre de 2026», señaló.
El Senador sostuvo que la decisión del Congreso marca una prioridad en el gasto público. «Hay una prioridad que son los discapacitados», subrayó, agregando que se trata de una obligación legal y moral.
En este marco, advirtió que si el Gobierno nacional intenta eludir la aplicación de la ley, el Estado podría enfrentar demandas que terminarían siendo más costosas que la implementación de la norma.
EL MARCO LEGAL
DE LOS DNU
Además del debate sobre discapacidad, Vischi se refirió al tratamiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que también ocupan un lugar central en la agenda legislativa.
Recordó que hasta la reforma constitucional de 1994 los DNU eran revisados por la Corte Suprema, pero a partir de ese año se habilitó su uso bajo ciertas condiciones. «Después del 94 se habilitó la posibilidad de que en ciertos casos de emergencia el Poder Ejecutivo legisle, pero eso debía pasar por un control del Congreso», explicó.
Según el correntino, la reglamentación de 2006 debilitó los mecanismos de control. «Desde 1994 hasta ahora hubo 940 decretos, de los cuales recién el año pasado se rechazó uno. Todos los demás ni siquiera fueron tratados», advirtió y remarcó la necesidad de corregir esta situación.
«Los decretos de necesidad y urgencia no pueden ser más rápidos y con más fuerza que una ley que es debatida», afirmó.
El Senado ya dio media sanción a una modificación clave: si un DNU no es tratado en 90 días, pierde vigencia. «Es exactamente así. Ahora falta que Diputados lo discuta y pueda introducir cambios», aclaró.
LA DEMOCRACIA Y
LA DIVISIÓN
DE PODERES
El legislador también cuestionó la actitud del Gobierno nacional hacia otros poderes del Estado. «Este Gobierno viene tratando de evitar el diálogo y el consenso, acusando a quienes piensan distinto de desestabilizantes», expresó y consideró que la reglamentación de los DNU busca poner límites a eventuales prácticas autoritarias. «Necesariamente hay que reencausar las cosas y poner límites a quienes quieren ejercer el poder con autoritarismo», señaló.
Vischi vinculó esta problemática con la dinámica electoral. «Lo que vimos este año es que se ha encarado una campaña diciendo que se necesitan más legisladores para que nadie se oponga. Creo que hay algunos que no entienden la división de poderes», advirtió.
A su criterio, la democracia exige un respeto riguroso a la Constitución y a los roles institucionales. «Cada uno debe cumplir con el rol que le corresponde dentro de la República», afirmó.