En una sesión de alto voltaje, la Cámara de Diputados habilitó el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una normativa que el presidente había vetado. Este movimiento se dio en un contexto de tensiones crecientes entre el oficialismo y los gobernadores por la distribución de fondos.
La propuesta legislativa para la emergencia en discapacidad no solo prevé un aumento de pensiones para las personas con discapacidad, sino que también busca la actualización automática de las prestaciones profesionales por inflación, un mecanismo para proteger el valor de estos beneficios frente al deterioro económico. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que el costo fiscal de implementar esta ley oscilaría entre el 0,22% y el 0,42% del Producto Bruto Interno (PBI).
La agenda de la sesión también abarcará otras discusiones de gran relevancia social, como la posible suba del 7,2 por ciento en jubilaciones y pensiones, y un incremento del bono mensual de 70.000 pesos a 110.000 pesos, también con actualización por inflación. A pesar de los esfuerzos del oficialismo por impedir el debate sobre el veto presidencial, la oposición logró imponer su mayoría. Con 166 votos afirmativos contra 75 negativos y cero abstenciones, se abrió la puerta para revertir la decisión del jefe de Estado.
Desde las bancadas de la oposición, la diputada Vilma Ripoll, del Frente de Izquierda, expresó su alegría por la habilitación del debate y urgió a sus colegas a no abandonar la sesión para que se hiciera realidad esta «necesidad» de las familias.
Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, adoptó una postura crítica tanto hacia el sistema actual como hacia la propuesta en debate. Señaló que «el sistema de protección por discapacidad está atrapado en una red de normas confusas y una burocracia paralizante con organismos superpuestos». López Murphy manifestó una profunda preocupación por el exponencial aumento de beneficiarios, que pasó de 76.000 a más de un millón, llegando en algunas provincias y localidades a porcentajes alarmantes (8 por ciento y hasta 40 por ciento de la población respectivamente) sin justificación por guerras o epidemias.