Un hombre fue sentenciado a 12 años de prisión tras un violento ataque y privación ilegítima de la libertad de cinco mujeres ocurrido en la madrugada del 21 de enero de 2024. La condena, resultado de un acuerdo de juicio abreviado pleno, fue homologada el pasado 28 de julio por el juez de Garantías de Paso de los Libres, Gabriel Aldaz.
El episodio se dio cuando una mujer, regresando de los carnavales junto a sus dos hijas y dos sobrinas, fue interceptada en la calle Maestro Melongo, cerca del puente «La Unión». El agresor, identificado como Marcelo Javier Romero, las abordó con una bolsa negra en la cabeza y a punta de cuchillo, sujetando primero a la adulta y arrastrándolas a todas hacia un monte cercano bajo amenazas.
Según el informe del Ministerio Público, en el monte, se desató una situación límite y de extrema violencia. Romero redujo a la mujer mayor, inmovilizándola en el suelo con una rodilla sobre su cuello. Pese a sus gritos y resistencia, el agresor arremetió contra otra de las víctimas, una joven de 19 años, intentando asestarle un puntazo al cuello que falló. La joven forcejeó por casi diez minutos, logrando tomar el cuchillo con ambas manos para defenderse, lo que le provocó cortes.
Durante ese ataque, señalaron que las luces de una motocicleta, cuyo conductor pasaba ajeno a los hechos, alertaron a Romero y lo hicieron huir. En su escape, el agresor dejó caer la bolsa con la que intentaba ocultarse, lo que permitió que una de las víctimas lo reconociera. Antes, las adolescentes habían logrado escapar tras ser amenazadas de muerte si no lo hacían.
La fiscal Daniela Di Tomaso fue la encargada de acusar a Romero por privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia, tentativa de homicidio y amenazas. La investigación penal preparatoria (IPP) fue con la fiscalía recopilando una gran cantidad de evidencia, incluyendo conclusiones médicas y psicológicas, testimonios y una rueda de reconocimiento. Los relatos de las víctimas fueron «concordantes, coherentes, congruentes», lo que, según la fiscal Di Tomaso, no dejó «resquicio de duda» sobre lo ocurrido y la culpabilidad del condenado.
La pena impuesta de 12 años de prisión contó con la conformidad del Ministerio Público Tutelar, a través de la asesora Fiorella Cusinato, quien representó a las víctimas adolescentes, así como de la víctima adulta.