El reciente caso de una mujer increpada por una empleada en una tienda de ropa femenina, ubicada en las inmediaciones de la calle San Juan y la avenida 3 de Abril, en pleno centro de la Capital correntina, reavivó el debate sobre el uso del derecho de admisión y la exposición pública de presuntos delincuentes. El episodio, que quedó registrado por una cámara de seguridad del local y fue difundido en redes sociales por el mismo comercio, terminó con la mujer identificada con nombre, apellido y perfiles sociales, y señalada como profesional de la salud mental.
Aunque no se detalló la fecha exacta del hecho, el video muestra a la implicada en la caja del local, donde se sacaba un abrigo y entregaba una prenda que habría intentado llevar sin pagar. La publicación generó una ola de comentarios e indignación, y sirvió de disparador para que otros comercios se sumen a una práctica que, si bien es cuestionada por algunos sectores, se vuelve cada vez más frecuente: el escrache.
Hartos de sufrir robos, distintos comercios y cadenas de supermercados comenzaron a aplicar no solo el derecho de admisión, sino también la exposición visual de quienes, aseguran, fueron sorprendidos en hechos delictivos. En muchos casos, las paredes, columnas o vitrinas de los locales aparecen cubiertas con fotos de rostros captados por las cámaras de vigilancia, con el objetivo de alertar al resto del personal y también al público.
La medida no es nueva, aunque cobró visibilidad en los últimos meses. Supermercados conocidos como «chinos» y una reconocida empresa correntina del rubro panadería, carnicería y supermercado, con presencia en distintos puntos de la ciudad, fueron de los primeros negocios que adhirieron a la modalidad, que hasta hace un tiempo estaba más asociada al escenario digital que a políticas de seguridad interna, y ya desde el año pasado exhiben imágenes de los supuestos mecheros.
El fundamento legal al que recurren los comercios es el derecho de admisión y permanencia, que figura en el artículo 4 de la Ley 26.370. La norma establece que los titulares de establecimientos pueden excluir a terceros del ingreso, «siempre que la exclusión se fundamente en condiciones objetivas de admisión y permanencia, que no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional ni suponer un trato discriminatorio o arbitrario para las personas».
Con ese marco legal, la exhibición de imágenes busca reforzar las medidas preventivas y evitar el ingreso de personas previamente identificadas por actos delictivos, aunque también despierta cuestionamientos sobre los límites éticos de esa exposición pública, especialmente cuando no fue radicada una denuncia formal ni, por ende, una actuación judicial.
Mientras tanto, el método de escrache gana terreno entre los comerciantes, que se sienten desprotegidos ante el aumento de atracos y deciden recurrir a sus propios mecanismos de defensa. En las redes o en los muros de los locales, los rostros de los presuntos ladrones se convierten en una advertencia silenciosa, aunque visible, de una problemática que no cesa.
«Bien pillados»
Las cámaras de vigilancia tienen un rol clave en la detección de maniobras delictivas dentro de los locales comerciales. En la mayoría de los casos, los encargados de los negocios se percatan del hurto con el contenido de los dispositivos, en los que se puede ver cómo actúan los ladrones que, con discreción, intentan ocultar los productos, todo con la intención de no ser captados por las lentes de los aparatos. La filmación, además, cobra mayor relevancia cuando se radica una denuncia, por lo que se convierte en una herramienta vital para identificar a los involucrados.