En Paso de los Libres, la Justicia condenó a un hombre a 10 años de prisión tras declararse responsable del abuso sexual gravemente ultrajante de su propia nieta, menor de 18 años y en situación de extrema vulnerabilidad.
La condena se alcanzó a través de un acuerdo de juicio abreviado pleno, impulsado por la fiscal Daniela Di Tomaso. La gravedad del delito fue doblemente agravada por el vínculo familiar y la convivencia preexistente entre el agresor y la víctima.
La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic), se inició a partir de la denuncia de la madre de la niña. En la cual relató haber presenciado a su hija subiéndose un short inmediatamente después de la violencia sexual ejercida por su padre, de 70 años. El testimonio de la madre incluyó, además, la admisión de la víctima sobre lo que le había hecho su abuelo.
Luego el proceso fue la constatación médica, donde un médico policial verificó una congestión en los genitales de la menor, confirmando el ataque.
Desde el Ministerio Público explicaron que debido a su corta edad y a ciertos problemas cognitivos que presenta, la menor no pudo ratificar su relato en Cámara Gesell. En consiguiente, la perito del Cuerpo de Psicología Forense del Poder Judicial, Laura Gómez, determinó su «extrema vulnerabilidad», señalando que la niña «posee lenguaje poco claro, no tiene capacidad de recordar situaciones, no está ubicada en tiempo y persona (…) no recibió educación primaria».
La fiscal Di Tomaso fundamentó la acusación bajo el marco de la Ley 26.485, que protege contra la violencia de género. En el acuerdo, la fiscal enfatizó que la conducta juzgada fue «una conducta ejercida por un varón hacia una niña-mujer, quien se valió de la relación de poder descripta para vulnerar la integridad sexual de la misma». Esto se clasifica expresamente como violencia de género de tipo sexual bajo la modalidad de violencia doméstica.
En este proceso judicial, la asesora de Menores, María Fiorella Cusinato, intervino para velar por los derechos de la niña víctima, manifestando su conformidad con la pena impuesta. El imputado, representado por José Marticorena, aceptó la condena «libre y voluntariamente».
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