El proyecto de resolución fue presentado por la diputada correntina Sofía Brambilla, quien reclamó que se escuche la opinión de los productores sobre esta medida. La Diputada pareciera ser la única que levanta esa bandera cuya temática no se ventila ni en la Legislatura provincial, ni en el foro del Norte Grande. En el sector productivo correntino hay preocupación, que se extiende hacia las sociedades rurales que parecieran dormir la siesta sin abordar el tema de fondo que es la negociación de la compra de la vacuna antiaftosa para la próxima campaña, para salir del monopolio que se ha soportado en los últimos años y a los cuales el Gobierno nacional encontró una salida. De acá en más son los propios productores los responsables de negociar los mejores precios. En la actualidad el valor de la vacuna registra un máximo histórico.
«Durante el 2024 hicimos presentaciones en el Congreso con respecto a esta medida, ya que los productores ganaderos veían como arbitraria esta decisión. Aunque logré reunirme con el Presidente de Senasa y el Secretario de Agricultura de la Nación no pudimos tener respuesta que favorezca a los productores. Sin embargo, a comienzos de 2025 el Gobierno resuelve posponer esta medida muy cuestionada por el sector ganadero sin entender las razones pero tampoco cuál será la estrategia ni cómo afectará a los productores», expresa la Diputada.
Entre los puntos claves del pedido de informe, se destacan: las razones técnicas y económicas que fundamentaron la postergación, disponibilidad de stock de caravanas electrónicas, empresas proveedoras de los dispositivos, grado de participación del sector agropecuario en la toma de decisiones, análisis actualizado de costos y distribución, indicar el organismo que estará a cargo del resguardo y administración de los datos de trazabilidad, entre otras cuestiones.
«La postergación de su implementación genera incertidumbre en el sector y nuevamente los productores desconocen cuál será el escenario que les espera», aseguró la parlamentaria goyana.