Manuel García-Mansilla presentó su renuncia indeclinable como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras 39 días en el cargo. La decisión llegó apenas cuatro días después de que el Senado rechazara su pliego con una amplia mayoría de 51 votos contra 20.
Su designación había sido dispuesta “en comisión” mediante el decreto 137 del 26 de febrero de 2025 por el presidente Javier Milei, una modalidad que generó controversias desde un inicio.
En su carta de renuncia, García-Mansilla manifestó: “Me dirijo a Usted a fin de presentar la renuncia indeclinable al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el que fui nombrado, en comisión”.
A pesar de que el Poder Ejecutivo intentó sostener su permanencia hasta el fin del período de sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre, y de que el propio magistrado había dado señales de considerar esa posibilidad, finalmente optó por alejarse del tribunal.
EL IMPACTO POLÍTICO Y JUDICIAL
El retiro de García-Mansilla se dio en un contexto de fuertes cuestionamientos institucionales. Además del rechazo parlamentario, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar que le prohibía ejercer funciones en la Corte durante tres meses.
La resolución advertía sobre posibles “sanciones penales y/o pecuniarias” para el propio magistrado y para quienes no respetaran la orden judicial.
Constitucionalistas de renombre coincidieron en que la negativa del Senado a su pliego implicaba la pérdida automática del cargo, en contradicción con la postura oficial, que sostenía la necesidad de un juicio político para removerlo.
También se expresaron en ese sentido el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y un conjunto de docentes universitarios a través de una solicitada.
La renuncia deja nuevamente a la Corte Suprema con tres miembros activos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La salida de García-Mansilla reabre el debate sobre los mecanismos de designación de jueces y la necesidad de consensos institucionales sólidos para garantizar la estabilidad y legitimidad del máximo tribunal.