Por segundo año consecutivo el Instituto de Investigación Social, Económica y Política (Isepci) encuestó a usuarios en puntos estratégicos de la ciudad, recabando información sobre el funcionamiento del sistema. La encuesta, compuesta por 18 preguntas, fue aplicada a 1391 personas y busca ser una herramienta para que la Municipalidad diseñe acciones políticas que mejoren el servicio.
Los resultados revelaron un panorama preocupante para los usuarios. Un 85% de los encuestados señaló que la quita de subsidios al transporte público tuvo un impacto negativo en sus economías, con gastos mensuales estimados entre $80.000 y $100.000 para quienes viajan diariamente. Un alarmante 89,5% de los encuestados se encuentra por debajo de la línea de indigencia, con un costo de la canasta básica total que superaba los $841.000 y la canasta básica de alimentos los $375.000 en septiembre de 2024, según datos del IBP Corrientes. Además, un 56% de los usuarios realiza al menos dos viajes diarios y un 41%, al menos cuatro.
La encuesta también evidenció deciencias en la frecuencia y cobertura del servicio. Un 79% de los usuarios espera entre 15 y 30 minutos el colectivo, y un 20% espera 40 minutos o más. Un 76% de los encuestados manifestó que las unidades no ingresan a sus barrios, y un 67% tiene la parada más cercana a entre dos y seis cuadras de distancia. Además, el 44% de los usuarios no cuenta con garitas ni señalización de paradas en sus barrios. Como consecuencia de estas problemáticas, el 87,13% de los encuestados optó por utilizar otros medios de transporte, priorizando caminar, bicicletas, motos o la ayuda de familiares.
La entidad destacó su preocupación por la desmotivación del uso del transporte público, que es el medio más seguro, debido a
los altos costos del boleto y la crítica situación económica de los usuarios.
Lagraña subrayó la importancia de la intervención estatal con políticas públicas que mejoren la calidad y eficiencia del servicio y que frenen el deterioro de los ingresos de las familias. La encuesta, coordinada por Carla Gómez y Emilio Gómez, reitera que la quita de subsidios y las políticas regresivas nacionales han perjudicado directamente a los usuarios, quienes se ven obligados a pagar los costos de estas medidas.
