El senador nacional del Partido Justicialista (PJ), José Antonio Rodas, expresó a través de un proyecto de resolución su preocupación por la afectación a los derechos de los ciudadanos chaqueños debido al incremento de las tarifas de peaje en el puente General Belgrano y Makallé.
En consecuencia, instó al cuerpo parlamentario a que se pronuncie en respuesta al incremento tarifario, recordando que, debido al mismo, las tarifas de peaje mínimas pasaron de 300 a 900 pesos, aumento al que calificó como «exorbitante».
Asimismo, indicó al cuerpo que el Defensor del Pueblo del Chaco ya ha interpuesto una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo nacional, Vialidad Nacional y Corredores Viales SA para contrarrestar la medida, remarcando que ha sido profundamente perjudicial para los usuarios.
El legislador advirtió a los senadores que la misma se llevó a cabo sin un proceso adecuado de participación ciudadana ni una transición gradual para mitigar el impacto económico.
CAUTELAR
SIN ACATAR
En el mismo expediente, Rodas remarcó que, al recibir el reclamo del Defensor, un tribunal falló favorablemente y lo avaló con una medida cautelar, a la que los demandados no acataron.
Además, recordó que Damián Voloj, defensor del Pueblo del Chaco, notificó al Senado sobre la situación el miércoles 3 pasado, que la Defensoría había presentado la acción de amparo con una medida cautelar, buscando revertir el incremento tarifario y establecer un proceso de participación ciudadana, y que el juez del Juzgado Civil y Comercial 21 ordenó que el peaje volviera a su precio original de 300 pesos, remarcando que, sin embargo, los demandados respondieron incrementando la tarifa de peaje a 1.000 pesos.
Por otra parte, aseguró al cuerpo parlamentario que el aumento tarifario sigue impactando negativamente en los usuarios, quienes no tuvieron oportunidad de participar en el proceso de decisión.
Explicó que la Defensoría del Pueblo no pudo interponer el amparo de manera directa debido a la falta de legitimación activa, lo que impide la defensa efectiva de los derechos ciudadanos.
Debido a estas barreras, argumentó, la acción fue llevada adelante por la asociación no gubernamental Consumidores Unidos del Chaco (Cucha).
Defensoría vacante
En otro fragmento del expediente, el Senador nacional advirtió la falta de un defensor del pueblo a nivel nacional, vacante por más de 15 años, y subrayó que la permanencia de esta situación impide una defensa rápida y directa de los derechos de los ciudadanos.
En ese sentido, el legislador indicó al cuerpo parlamentario que es crucial abordar la falta de designación de un Ombudsman nacional para garantizar la protección de los derechos ciudadanos.
Rodas remarcó que el incremento tarifario sin participación ciudadana ni consulta previa es considerado injustificado y perjudicial, y solicitó la implementación de mecanismos que permitan la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre aumentos tarifarios.
Asimismo, requirió que los aumentos tarifarios sean graduales y razonables para no afectar desproporcionadamente a los usuarios.
Debate pendiente
La Defensoría del Pueblo, única Institución Nacional de Derechos Humanos reconocida por Naciones Unidas en Argentina, es un órgano independiente cuyo fin es la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos (artículo 86 de la Constitución Nacional).
El defensor del Pueblo es designado y removido por el Congreso de la Nación con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Este durará en su cargo cinco años.
Actualmente, el cargo se encuentra cubierto por Juan José Böckel, subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, debido a que el organismo que desde hace 15 años continúa acéfalo.
.