El diputado nacional por Corrientes de la Unión Cívica Radical (UCR), Manuel Aguirre, en diálogo con EL LIBERTADOR, criticó el sistema punitivo y reafirmó su respaldo a una reforma del Código Penal para endurecer las penas sobre delitos relacionados con mafias.
Propuso dar impulso a un cambio en la filosofía jurídica del derecho penal, para pasar de un sistema finalista a uno funcionalista, con el objetivo de llegar a los autores intelectuales de los crímenes.
Asimismo, resaltó la necesidad de colaboración internacional para combatir las mafias y el narcotráfico, ambos problemas globales, y remarcó que las primeras no sólo se dedican al tráfico de drogas, sino también al terrorismo, venta de armas, tráfico de personas y órganos, subrayando que América Latina debe trabajar en conjunto con otros países para enfrentar estas amenazas.
Así se desarrolló parte de la conversación.
Hace algunos días hubo importantes avances en la iniciativa de ley para el combate contra las mafias, un proyecto que cuenta con su entera participación.
-Sí. Lo estamos tratando, y está avanzando. La idea central de esto es combatir a las mafias y se trata de un proyecto que se envió al Ejecutivo hace tres meses. En el mismo se pretende definir a las organizaciones criminales, para con ello poder cuadrar jurídicamente este problema, definirlo. Creo que para los primeros días de agosto va a estar tratándose.
Uno de los puntos destacados en su exposición es que la modificación del sistema penal, en base a estos nuevos criterios, apunta a un cambio de lógica en la materia. ¿Cómo lo explica?
-Hay que cambiar la filosofía jurídica en este derecho penal porque tenemos un sistema finalista, y eso no llega al autor intelectual, llega a los autores materiales de un hecho criminal. Hay que poner una filosofía funcionalista. Hoy es como intentar escalar una pirámide desde la base hasta la punta, hasta bien arriba, hay que llegar al autor intelectual. Para eso nosotros necesitamos trabajar en conjunto en América Latina y en el mundo, en conjunto, porque las organizaciones criminales y las mafias, que son organizaciones totalmente diferentes en sus características, son globales. El narcotráfico se mueve entre lo narcótico, y las mafias pueden trabajar drogas, pero también terrorismo, venta de armas, y también tráfico de personas, de órganos, en todo esto se encargan. En materia penal, tenemos que trabajar en esos dos campos.
Sintéticamente, ¿a qué se refiere con sistema funcionalista?
-Desde el punto de vista funcionalista podemos llegar a quienes son los responsables, y para eso la pena tiene que ser de más de la mitad o el doble, porque son los responsables directos. Y eso es algo que se debatió en Estados Unidos, en 1940 y se terminó de debatir en el año 1990. No fue de un día para el otro, pero hoy este debate sirve de ejemplo en todo el mundo, y nosotros no debiéramos ser la excepción. Este debate luego fue a Europa, y trascendió en Alemania, lo que permitió que se luche contra las drogas, ayudó muchísimo. Y para agregar, no hay que olvidarlo, el tercer pie es que hay que atacar el tema económico. Por esa razón voté en contra del blanqueo de capitales, porque a través de esa vía entra dinero sucio de venta de armas, de venta de órganos, de corrupción, y mayormente aún de la evasión impositiva.
«El blanqueo facilita
el desarrollo del crimen»
En cuanto al blanqueo, en el Congreso es un tema tratado enteramente desde otro punto de vista, el de radicación de capitales. ¿Se analizaron los fines?
-Lo voy a repetir siempre que tenga oportunidad. Lo que hicimos con la Ley de Bases, a través del blanqueo de capitales, fue facilitar el camino a quienes pueden querer esconder su dinero. Lo harán en Argentina. Y nosotros no nos preguntamos cómo vamos a combatir eso. Eso es algo que yo dije insistentemente a los diputados, que para luchar contra las mafias es muy necesario atacar el capital con el cual ellas se solventan.
¿Existen parámetros para que esto, hoy, pueda ser llevado a cabo de ese modo?
-Sí, pero es preciso profundizar en estos criterios. Yo presenté también un proyecto para que aquellos bienes que vienen relacionados con el hecho ilícito sean decomisados y que estos pasen al Estado nacional, y que el 50 por ciento quede para la Nación y el resto para la provincia donde fue combatido el delito y decomisado el bien. Porque hay un artículo, el 23, del Código Penal, que establece que recién se decomisa cuando hay sentencia definitiva, pero cuando ves rumbo a Itatí autos de alta gama retirados del narcotráfico, luego, cuando se dispone la sentencia, eso no vale nada, o se estropea, y se trata de bienes que pueden estar sirviendo a la causa de la lucha contra las organizaciones criminales, al bien común. Y si nos referimos a la trata de personas, también se está colaborando con una iniciativa que presenta este tema. Lo estamos discutiendo, porque es un tema de gran importancia.
¿Hay parámetros para los criminales que ofrecen información privilegiada? Vale recordar el caso «Morenita» Marín, y sus fugas.
-En este sentido, es preciso encuadrar muy bien cuál es la participación del criminal en este entramado, y hasta qué punto es un colaborador o no de la lucha contra el narcotráfico, o del combate de las mafias. Esos son testigos encubiertos. Y en ese encuadre está el caso de Morenita. Hay que recordar que, para combatir una organización mafiosa o de narcotráfico hay que infiltrar gente, o gente que trabaje para la seguridad, lo cual es ideal, incorporar a un hombre de la seguridad para desbaratar la banda. De esa forma se desarticuló gran parte de la mafia de Alemania.
«La reforma del sistema penal debe alcanzar al derecho internacional»
¿Cuál es su opinión en relación a la participación de especialistas de fuerzas extranjeras en estos temas?
-La lucha contra las mafias es internacional. Las mafias y las organizaciones del narcotráfico son internacionales, y en ese sentido, tienen que trabajar todos los países juntos. Y mayormente aún América Latina, porque es un terreno libre para que las mafias trabajen. Vienen acá y trabajan sin problemas. Y pueden cometer delitos, como lo están haciendo con los delitos del narcotráfico en Rosario. Porque ahí es la boca de expendio. Y sin embargo, nosotros tenemos convenio con los países del Mercosur, en el que acordamos que no se pueden abrir contenedores. Presenté un proyecto advirtiendo esto, para que los países del Mercosur renuncien a ese parámetro, que no deja abrir los contenedores, se trata de un pacto de 1973. Y eso está mal, desde ese mismo año. Está mal eso porque no puede ser que pase por tu casa el narcotráfico y no se pueda hacer nada. ¿Y las normas internacionales? Si no son favorables a esta lucha, también hay que cambiarlas.
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