El vocero presidencial Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa, el pasado martes 19, que se avanzó con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
Esta medida afecta a 964 empleados, de los cuales se conservarían 64, que pasarían a trabajar en un área bajo la órbita del Ministerio de Economía. Es decir, 900 serían despedidos.
El licenciado José Benjamín Leiva, quien desempeña funciones técnicas en el organismo, dialogó con EL LIBERTADOR sobre la situación actual y su impacto a nivel provincial.
«Aparte de la incertidumbre que se generó a partir del cambio de Gobierno y del tiempo transcurrido que no designaron a nadie para que se haga cargo de la institución, nos enteramos sorpresivamente, a través del anuncio del Vocero presidencial, que van a eliminar la estructura del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena», relató.
Y señaló que «de forma muy despectiva, anunció que había 900 técnicos que decían ser trabajadores y que nunca trabajaron, lo cual es absolutamente mentira».
En defensa
«La estructura de la Secretaría de Agricultura Familiar viene funcionando hace muchos años, desde 1994, a través del Programa Social Agropecuario. Después se creó la Subsecretaría de Agricultura Familiar, pasó a tener rango de Secretaría, y en este último tiempo, como Instituto», explicó.
«Siempre cumplió funciones técnicas, o sea, el plantel técnico que se dispone tanto en la provincia de Corrientes como en el resto del país, son de distintas disciplinas: ingenieros, veterinarios, agrónomos, licenciados en Economía, trabajadores sociales. Siempre se buscó trabajar con un enfoque interdisciplinario para el sector», precisó Leiva.
«Lo que nosotros consideramos una pérdida es el hecho de eliminar o destruir un organismo, y así también los puestos de trabajo, sin tener previa evaluación de desempeño, sin conocer el funcionamiento», señaló.
En Corrientes, remarcó que se trabaja con un número muy importante de agricultores familiares, organizaciones, cooperativas y asociaciones que están vinculados al sector rural.
«El trabajo que se desarrolla es para las comunidades rurales que siempre están alejadas de los centros urbanos y que son familias que producen una diversidad de productos, especialmente alimentos», agregó.
Leiva comentó que durante la pandemia se desarrolló una estrategia de comercialización en Goya que consistió en la creación de un Mercado de la Agricultura Familiar, donde se vendían bolsones de verduras y hortalizas, alrededor de 500 o 600 por semana.
Durante el período más crítico de la cuarentena, se utilizó una distribución para familias que estaban aisladas y así, muchos agricultores pudieron generar ingresos.
Destacó que se acompaña a distintos procesos de innovación tecnológica y de diversificación productiva, como el cultivo de papas y cebollas.
En el sector ganadero, se trabajó en acciones preventivas respecto a la brucelosis y tuberculosis, en articulación con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Además, se está desarrollando un plan sanitario por las precipitaciones intensas.
Importancia
«Lo que nosotros creemos conveniente es valorar esta herramienta institucional para lograr el desarrollo del sector», explicó Leiva, a lo que añadió que «somos conscientes de que cualquier gobierno puede mejorarla, puede analizarla, inclusive puede agregar objetivos nuevos en función del planteo, pero lo que no estamos de acuerdo es que se elimine».
«Esto va a condenar a mayor pobreza y exclusión. Por eso, hoy estamos difundiendo la importancia de esta herramienta del Estado para defenderla», remarcó.
Declaración de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz
La Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz manifestó su respaldo, solidaridad y profunda preocupación ante la situación que atraviesan los trabajadores del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) frente a la decisión del Gobierno nacional de cerrar el organismo.
El comunicado oficial expresó:
«Esta decisión gubernamental afectará en Corrientes a casi 12.000 núcleos de Agricultura Familiar registrados a lo largo de los últimos cuatro años, que recibían de ese organismo un soporte de asistencia de diverso tipo, clave para el desarrollo de esa actividad rural y periurbana.
En la Argentina, la Agricultura Familiar representa más del 80 por ciento del sector agropecuario y sus 900 profesionales trabajan desde hace más de 25 años con pequeños productores de todos los rincones del país mejorando la producción de alimentos como verduras, carnes, huevos, etcétera. Asegurando que lleguen cada día a todas las mesas argentinas.
Justicia y Paz acompañó en diversas oportunidades jornadas, ferias y encuentros de Agricultura familiar en Corrientes y pudo constatar, a través del testimonio de los pequeños agricultores, el invaluable aporte de los técnicos del Inafci, quienes realizaban sus tareas con responsabilidad profesional y solidaria.
Su labor fue fundamental para visibilizar el sector, diversificar la producción de alimentos, abastecer pequeños mercados locales y promover el cuidado de los bienes naturales en nuestros ecosistemas.
Además, su compromiso fomentó el trabajo comunitario y organizado en cooperativas y asociaciones, generando movimientos solidarios que proponen políticas públicas en beneficio de los pequeños productores.
La ausencia del Inafci dejará desamparadas a muchas comunidades que dependen de estos apoyos para su desarrollo. Finalmente, no obstante, el protagonismo de la familia rural en el progreso de sus pueblos y su considerable aporte en la producción global de alimentos, siguen siendo golpeadas por la pobreza y la escasez de oportunidades.
El cierre del Inafci golpea aún más no sólo a las familias productoras, restándole recursos y oportunidades, sino también a las 900 familias de quienes trabajan en ese instituto. Por eso, Justicia y Paz sostiene que es imprescindible que el Estado asuma su responsabilidad y fortalezca el acompañamiento hacia las familias campesinas a través de un Inafci bien estructurado y con los recursos necesarios, y reconsidere la decisión de su cierre.
Sólo así se podrá detener el creciente desplazamiento del campesinado y garantizar la soberanía alimentaria de la comunidad correntina y argentina».