El Gobierno de Corrientes desmintió información nacional sobre los casi 500 beneficiarios suspendidos del Potenciar Trabajo, al responder un informe solicitado por la Justicia Federal en la causa iniciada por el abogado correntino Juan Manuel Cubilla Podestá.
Además, negó la supuesta prueba de incompatibilidad alegada por el fiscal Guillermo Marijuan en una causa penal -en Comodoro Py- que imputó a esos correntinos por cobrar el beneficio cuando tenían otro ingreso registrado.
El ministerio de Hacienda de Corrientes le informó al juez Juan Carlos Vallejos que ninguno de los beneficiarios suspendidos tiene un empleo en la Administración Pública provincial, según informó una radio capitalina.
Con una resolución de la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, habían cortado el beneficio de esos trabajadores porque supuestamente formaban parte del personal de la Provincia y ello era incompatible con el Potenciar Trabajo.
Sin embargo, al responder al pedido del juez Vallejos, el Gobierno provincial desmintió que sean empleados públicos. Textualmente, dice la respuesta de los funcionarios correntinos al magistrado: «Los actores de autos no han sido incluidos en el padrón de empleados públicos remitidos en el periodo indicado por aquel».
Además, se aclara en ese informe a la Justicia que le envía como prueba la constancia remitida por la Dirección General de Personal de la Provincia.
¿PRUEBAS FALSAS?
Una causa fue iniciada en enero como amparo colectivo por el abogado Cubilla Podestá a favor de casi 500 correntinos afectados. En su presentación, el abogado sostuvo que ninguno de los beneficiarios gozaba de otro ingreso salarial y que únicamente vivían con el dinero que ganaban con sus tareas productivas del Potenciar Trabajo.
A partir de allí, el juez Vallejos le solicitó al Gobierno de Corrientes que responda un informe sobre si esa lista de beneficiarios pertenecía al Estado correntino como parte del personal.
«Todas las pruebas indican que usaron información falsa para cortar el Potenciar a estos correntinos. Y que lo mismo hizo el fiscal Marijuan para imputarlos falsamente en un delito por una incompatibilidad que no existe», explicó el abogado Cubilla Podestá.
«Estamos ante un hecho de gravedad. Estamos dando un paso fundamental en defensa de los casi 500 correntinos que recibían el programa nacional Potenciar Trabajo y que fueron injustamente castigados. Todas las pruebas indican que usaron información falsa para alegar una supuesta incompatibilidad y tendrán que soportar las consecuencias por el daño causado», explicó el abogado Cubilla Podestá en declaraciones a la prensa.
«El Gobierno de Corrientes desmiente que haya informado a la Nación que esas personas eran empleadas de la Provincia. Esos correntinos que recibían el Potenciar no tenían otro ingreso más que el de sus propias tareas laborales y productivas», afirmó Cubilla Podestá.
El juez Vallejos deberá decidir los próximos pasos del amparo presentado para que los correntinos sigan cobrando el Potenciar y se expongan a los responsables de esta persecución injustificada.