El Fiscal General del Poder Judicial, César Sotelo, actualizó el umbral de ingresos para que las defensorías de Pobres y Ausentes asesoren, representen y defiendan en forma gratuita de aquellas personas que carezcan de recursos para hacer valer sus derechos en juicio. A partir de hoy, ese monto mínimo es de 132 mil pesos. Lo hizo a través de la Instrucción N° 50.
La máxima autoridad del Ministerio Público dispuso elevar ese monto para evitar que, al haber quedado muy bajo (45.540 pesos, fijados mediante la Instrucción N° 46, del 2022), mucha gente se vea privada de acceder a la jurisdicción.
Sotelo resolvió así con la reciente actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a la vista, el que fue incrementado por el Consejo Nacional de Empleo, Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil y con la convicción de que “el acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad es un derecho humano, y la situación de pobreza es un dato objetivo para determinar la vulnerabilidad de las personas”, según indica la Instrucción de marras, citando la Sección Segunda, Artículo 7 de las ‘100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad’, adoptadas por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes mediante el Acuerdo N° 34/10”, expresó el Fiscal General en los considerandos de su instrucción.
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