Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, destacó en contacto con EL LIBERTADOR la adhesión por unanimidad de Corrientes a la Ley Nacional Nº 27.709, y adelantó que trabaja en una Ley Nacional de Obstructores de la Justicia.
Corrientes adhirió a la Ley Lucio.
-La sanción de la ley en Corrientes es una gran satisfacción, es la décimo quinta provincia en hacerlo, aun así, no lo puedo definir como una alegría, pero sí, es muy bueno que la gente con empatía, en todas las provincias, avance hacia otro grado de cooperación en tratar a viva voz la vulneración de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y se decidan a dar un paso, más allá del importante sacrificio que ya seguramente han hecho, y se sepa interpretar este gran dolor que tenemos, por el impedimento de contacto, las falsas denuncias, las perimetrales falsas, la inacción de los juzgados, la dilatación del tratamiento de las causas, y todo lo que está ocurriendo en los juzgados de familia, en las fuerzas y en los estudios jurídicos, promoviendo la ausencia de revinculaciones efectivas.
Se aprueban capacitaciones, sin embargo, ¿cuál es el planteo de fondo?
-La problemática del impedimento de contacto y de la falsa denuncia es muy grave. El impedimento y la falsa denuncia matan, si no, que me lo digan a mí, que asesinaron a mi nieto, Luicito. Lamentablemente, hay que crear un Registro de Obstructores para tener una mirada objetiva sobre la denuncia falsa, a la que hoy los jueces no saben responder. Los jueces deben entender que los menores sufren. Tienen que volver a aprender que los juzgados de Familia son juzgados de Paz. Haciendo mérito sobre denuncias falsas obstruyen el vínculo e impiden la vinculación. Es por eso que vamos a impulsar un Registro Nacional de Obstructores de la Justicia, ya lo tenemos ideado, y hablado con un nutrido grupo de legisladores.
Lamentablemente, al que paga alimentos, se lo toma como objeto de burla, se lo ridiculiza, o se lo prejuicia, y no se toman en cuenta lo que piden los niños ¿por qué?
-La cuota alimentaria es un derecho. El problema es que la cuota se paga, pero se obstruye el vínculo. Los niños, niñas y adolescentes no deben ser tomados de rehenes. Los progenitores piden cosas incoherentes, el uno al otro, y si no se cumplen esos deseos, toman a los niños como rehenes. Y así como la cuota alimentaria es un derecho, también la vinculación afectiva. Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a estar vinculados afectivamente. Lo reclaman a viva voz y lo reflejan los informes, y los jueces sólo los mandan a terapia, no juzgan los deseos incoherentes, y no responden a la cuestión de fondo, que es reeducar al progenitor que obstruye la justicia, y que muchas veces inclusive gozando del pago de alimentos y, también, toma al niño, niña o adolescente, como rehén, y mucho peor aún, lo maltrata, castiga, censura, trauma y, lamentablemente, mata. Es preciso que se entienda muy claramente que las denuncias falsas, que ya son un delito, generan otros, que es la obstrucción de la justicia y el impedimento de contacto, y que esa situación expone a los menores, los vuelve vulnerables a muchas otras situaciones de peligro real. Los jueces no pueden no actuar. Si es necesario, tienen que innovar, y echar luz sobre el delito, trabajar, cuando se expone claramente que los niños, niñas y adolescentes están reclamando vincularse afectivamente, y alguien se lo impide, explícitamente. Son casos muy claros.
El llamado es a todos los funcionarios públicos, pero fundamentalmente a los jueces de familia. ¿Qué pasa si un juez no trabaja eficazmente o basa sus criterios en denuncias sin respaldo?
-Toman a los niños, niñas y adolescentes como rehenes. La situación no cambia. El juzgado termina siendo cómplice. Tiene que terminar pidiendo disculpas. No existe el mito «tu papá, tu mamá se murió; tu papá, tu mamá te abandonó». No son la mayoría de los casos. La mayoría de los casos son de conflicto, en el que abundan las denuncias falsas, y la obstrucción de vínculos, y la situación se agrava. Esto obliga a los jueces a saber responder con la perspectiva adecuada. Tengo un ejemplo muy claro: el asesinato de Lucio. A él lo sustrajeron con siete denuncias falsas, y se lo llevaron sus asesinas. A hoy, desde noviembre de 2021, voy contando sesenta y nueve niños, niñas y adolescentes más, asesinados en las mismas condiciones, y todo esto empieza con la obstrucción de vínculos. Los toman de rehenes, los aíslan, cambian las direcciones, las escuelas, hacen llamadas anónimas para simular contacto y mentir al juez, y el juez no actúa, o lo hace a la inversa, reforzando la impunidad.
Este es un tema recurrente, ¿por qué justamente hoy, con tantos adelantos, no se trabaja efectivamente en el ámbito judicial?
-Según la ley, estos son casos sencillos, que tienen que ser tratados, como mucho, en diez días, materialmente están preparados para eso, pero el servicio de los juzgados no es bueno, es pésimo, por eso impulsamos la capacitación, porque aplican otras perspectivas sobre casos de menores, y lo hacen mal, acá tiene que priorizarse a los niños, a las niñas y a los adolescentes y garantizarse que ellos tengan contacto con ambos progenitores, y con sus familias extensas, porque es su derecho, y porque es lo que reclaman. Hay mucho por hacer. Es un cambio de raíz. Es necesario que los jueces aporten con acción, y trabajen, efectivamente, teniendo en cuenta lo que acabo de señalar, estando muy atentos a todo esto, porque de otro modo son obsecuentes con la impunidad, y trasladan a un ámbito que debiera ser de paz más trastornos para los niños, niñas y adolescentes, vulnerándolos. Los menores no están mal por reclamar ver a su progenitor, están mal porque no dejan que los vean. Los funcionarios públicos tienen que ser capaces de solucionar la cuestión de fondo.
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