Las negociaciones entre la Federación Argentina de Transportadores de Pasajeros (Fatap), el Ministerio de Transporte de la Nación y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) atraviesa horas claves, en el marco del conflicto originado por el desacuerdo en la recomposición salarial reclamada por la representación sindical de los trabajadores.
Habrá hoy una nueva reunión entre las partes para intentar destrabar esta situación y dejar sin efecto el paro anunciado por el gremio para mañana.
Sin embargo, en la previa al encuentro, la cámara que agrupa a las empresas del sector sacó un comunicado anunciando la «imposibilidad de negociar el acuerdo salarial», anticipando así el posible fracaso en el cónclave que tendrá lugar en la sede de la cartera de Transporte.
En el documento, Fatap no cargó contra los trabajadores, cuyos reclamos calificó como «legítimos». La responsabilidad la atribuyó a «los gobiernos nacionales, provinciales y municipales» por no generar «los equilibrios necesarios y se cumplan con las condiciones contractuales que se vinculan las prestaciones».
«Es preciso que se comprenda que las concesiones o permisos de prestación de servicios de transporte urbano y suburbano de pasajeros por colectivos establecen que los ingresos de las prestadoras son la recaudación por venta de pasajes (tarifas) y aquellos aportes (subsidios, Fondo Compensador, asistencias) que los gobiernos disponen para compensar aquellos costos que no se alcanzan a solventar con las tarifas» afirmaron.
Agregaron que «así, los incrementos que sufren los salarios, el combustible, los repuestos y los bienes de capital (buses, instalaciones), entre otros costos, deben encontrar adecuada cobertura en alguna de las dos fuentes de ingresos indicadas, siendo imposible asumirlos en caso de que ello no suceda».
«A pesar de la claridad de la situación, los contratos de concesión no se cumplen, porque las tarifas se fijan en base a criterios políticos y no a las normas técnicas en ellas fijadas; los convenios suscriptos entre provincias y Nación tampoco se respetan, porque las provincias no cumplen con su obligación de garantizar la sostenibilidad del sistema, y porque el Estado nacional fija los aportes al Fondo Compensador al Transporte del Interior -incumpliendo normas preexistentes- ignorando el grave proceso inflacionario vigente, sin gestionar los ajustes necesarios, y distribuye los fondos tardía y arbitrariamente, sin criterios objetivos verificables», añade el escrito.
«Esa conducta, que soslaya los intereses y necesidades de millones de usuarios del interior del país, encuentra confirmación en la reiterada ausencia de las autoridades del Ministerio de Transporte y del Consejo Federal del Transporte a las audiencias citadas por el Ministerio de Trabajo, que esteriliza la negociación paritaria al negarle la participación de los actores fundamentales, en tanto son quienes establecen y regulan los ingresos por tarifas y asistencias, únicos recursos con los que cuentan las empresas prestatarias», indicaron.
«Sin acciones concretas y eficaces de las autoridades responsables de garantizar la regularidad y continuidad de los servicios, el esfuerzo será en vano», sentenciaron.
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