Productores ganaderos presentaron un reclamo formal dirigido al gobernador, Gustavo Valdés; al fiscal General, César Sotelo y al ministro de Justicia de la Provincia, Juan López Desimoni, ante el temor de la existencia de zonas liberadas.
Hablan de «impunidad» por el volumen de ganado robado y faenado, ya que la sustracción de 50 cabezas no se puede hacer «con una logística improvisada», expresaron los pequeños productores alarmados por la situación.
En la nota solicitan que «se cumpla debidamente con los deberes del Estado respecto a proporcionar y brindar Justicia y Seguridad en la localidad de Bonpland y zona rural».
La fuerza del pedido radica en «los alarmantes hechos de robo que vienen aconteciendo en la localidad de Bonpland, los cuales repudiamos enérgicamente, significando ya un colmo preocupante el último episodio ocurrido en la Estancia Santa Ana», donde fueron robadas 50 cabezas de ganado y se causaron daños materiales el pasado sábado 27, a la noche.
En el texto se precisa que los delincuentes también habrían cocinado «en lugares donde se produjo el apoderamiento ilegal e ilegítimo», y «sin que a la fecha se haya esclarecido las circunstancias del iter criminis y menos aún procedido a investigaciones debidas e identificación de responsables e imputados».
Los solicitantes hablan de «impunidad» ante la reiteración de hechos delictivos en estas zonas rurales. «Concretamente, solicitamos pronta e inmediata Seguridad y Justicia en el Municipio de Bonpland, al cual representamos; un orden social justo donde se cumpla efectivamente el rol del Estado para con la población que por demás se halla desprotegida y atemorizada ante los hechos de semejante magnitud como los indicados precedentemente, que son de público y notorio conocimiento, y afectan los derechos y bienes de todos los vecinos», remarcan.
«En conclusión, seguir permitiendo que la injusticia, encubrimiento e impunidad siga reinando en la localidad de Bonpland, ante la vista gorda de quienes deben actuar, prevenir, investigar y llevar a los responsables de los ilícitos o delitos ante los Jueces correspondientes, es colocar a los ciudadanos a la deriva, sin protección legal y estatal alguna; por ello, solicitamos y exigimos que el Poder Judicial y Ejecutivo provincial actúe inmediatamente. A la espera de una pronta y favorable accionar, les saludamos con distinguida consideración», termina la nota presentada el miércoles 31.
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