ALERTA DE LOS AMBIENTALISTAS

Crece la privatización de las playas


UNA AVANZADA QUE ENCONTRÓ LÍMITES. El Zar del Juego, Jorge Goitia intentó un avance sobre las playas, pero encontró frenos, aunque no ceja en el intento mientras la sociedad observa con preocupación que las salas de juego permanecen abiertas en medio de la intensificación de la lucha contra la pandemia. Goitia hizo punta y otros parecieran venir atrás. Los reclamos se multiplican, pero muchas veces el poder económico puede más...

Los Defensores de los Espacios Públicos Costeros, una ONG ambientalista de Corrientes, sumó ayer una nueva denuncia a las que ya venía realizando desde hace un tiempo. Cuestionó una concesión de 397 metros cuadrados de la playa Arazatí a una empresa privada llamada Live World SRL. Se preguntan: ¿Quién está detrás de esta firma? 
A través de un comunicado, recordaron que "desde los Defensores de los Espacios Públicos Costeros venimos denunciando en Corrientes el avance privatizador sobre las costas públicas: el relleno por parte de la empresa Bienes Raíces SA en la Costanera Sur, el intento de construcción de un shopping sobre la playa pública Arazatí (Casinos SA), la instalación de paradores privados de hormigón sobre la playa, etcétera, con intereses inmobiliarios y sin prever los costos e impactos socioambientales".
Apuntaron que presentaron una nota a la Dirección Nacional de Vías Navegables, y que el organismo nacional "intenta dar respuesta a una fiscalía federal sobre el relleno del valle de inundación de la costanera sur por parte de la empresa privada Bienes Raíces SA, aduciendo que la misma fue autorizada exclusivamente por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes".
"Aclaran, además -añaden-, que no consta de informe previo de impacto ambiental y que, efectivamente, el relleno sobre el valle de inundación, ha avanzado sobre el cauce natural del Paraná, de incumbencia nacional".
Luego denuncian la nueva concesión a una empresa privada de parte del espacio público, recordando que la Ordenanza 2.251 prohíbe instalar comercios "entre la baranda de la costanera y el pelo de agua del río Paraná" y que la propia Constitución establece el derecho de los habitantes a un ambiente equilibrado y sano.

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