EDUARDO GALANTINI, DE PUNTA CONTRA EL INTENDENTE CASEREO

"Las cuentas de la gestión Olivieri son un escándalo"


El ex Vicegobernador advirtió lo ocurrido con una "tardía" auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas. Se refirió al informe respecto a los gastos de 2014, que hace poco salió a la luz y al que tuvo acceso este medio. "Si esto es de hace seis años, no quiero imaginar qué es lo que debe estar pasando hoy con las arcas del Municipio", expresó a EL LIBERTADOR TV.   

ADVERTENCIA DE IRREGULARIDAD. Los auditores remarcaron que fue recurrente no encontrar documental respaldatorio de las erogaciones realizadas.

El ex vicegobernador de la Provincia, Eduardo Galantini se manifestó respecto a la situación institucional en Monte Caseros. Como ex Jefe comunal, remarcó las auditorías que realiza el Tribunal de Cuentas desde hace años, tras su propuesta (en 2009) para transparentar el manejo de los fondos públicos en la localidad. Así, trajo a colación lo que considera "escandaloso", en cuanto al resultado de un informe realizado por el organismo provincial sobre la gestión municipal del año 2014 de Miguel Olivieri. 

"Hay que tener en cuenta que el Tribunal de Cuentas no revisa la totalidad de la gestión. Toma algunos meses y se fija en eso. Auditó a la actual gestión y encontró, entre otras irregularidades, gastos que no se correspondían con los comprobantes o no se encontraron los mismos por varios millones de pesos", remarcó el referente justicialista casereño.
El ex Mandatario comunal advirtió que la auditoría de la gestión de quien lo sucediera al frente del Ejecutivo municipal tuvo una demora de cinco años. "Es realmente un escándalo", aseveró Galantini a EL LIBERTADOR TV. También señaló que hubo "una lista de contratados que el Intendente no pudo explicar. Un sinfín de irregularidades, como pago de pautas publicitarias, falta de rendición de cuenta de los fondos de Salto Grande, entre otras".
Sin ganas de aplacar sus críticas, manifestó: "Me llama la atención que el Tribunal (de Cuentas) no haya girado esta cuestión a la Justicia. El año pasado, los concejales del PJ denunciaron a Olivieri por el faltante de 22 millones de pesos, y el Intendente negó haberlos recibido. Los ediles justicialistas contaban con todas las pruebas, pero la denuncia penal fue archivada". 
"Si se imaginan que estoy hablando de una auditoría de 2014, no quiero ni imaginarme qué es lo que debe estar pasando en el Municipio", indicó con preocupación. 

LA AUDITORÍA

El informe final de una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, respecto a la ejecución presupuestaria 2014 de la Municipalidad de Monte Caseros, durante la gestión de Olivieri arrojó resultados alarmantes, en cuanto al manejo de las arcas municipales. 
El detalle, al que accedió EL LIBERTADOR, fue presentado por el organismo provincial en diciembre de 2018, y conocido recién en agosto de 2019 (con su acceso al Deliberante).
Los conceptos esgrimidos en la documental oficial fueron lapidarios. Ellos subrayan la gravedad de varios dejos administrativos que llamaron la atención de propios y extraños.
Una variable recurrente en la auditoría hace mención a que "no adjunta factura-comprobantes, sin firmas correspondientes", así como "sin planillas de cobro, sin comprobantes". Ello, al referirse al desglose de los expedientes (ver gráfica). 
El apartado 6º del compendio específico se encuentra bajo el título Hallazgos. Algunos párrafos sobresalientes hacen mención a que el Departamento Ejecutivo Municipal "no cumple con el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera".
También se resalta que "no ha podido el Municipio respaldar, mediante documentación sustancial factura que respalde el gasto de las órdenes de pago", haciendo mención a una friolera de más de 1 millón y medio de pesos, tras el análisis administrativo de movimientos realizados durante "febrero, junio, septiembre y diciembre de 2014", indica el informe. 

PERSONAL

Otro de los ítems abordados por los contadores a cargo de la auditoría tuvo que ver con los recursos humanos de la Comuna. "El Municipio mantuvo personal en condición de situación laboral precaria denominado 'personal normalizado'. Esta situación surge a partir de la identificación de órdenes de pago (…)", remarcaron en la especificación oficial. 
El pago a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo también quedó bajo la lupa, aseverando que sólo se demostró algunos cumplimientos, mientras que "el resto de los períodos del ejercicio bajo análisis no cuentan con constancia de liquidación y pago de este seguro". 

SALTO GRANDE
  
Donde se observan guarismos más que relevantes es en la parte en la que se analizan las rendiciones relacionadas con el Fondo Especial Salto Grande. Allí se señala que como "se encuadran en el marco de la Acordada 17/2003 como rendiciones no documentadas, no permiten, salvo se ordene una auditoría y se requiera la documentación sustancial, la aplicación de la Acordada Nº 232/2012 de cambio de responsable".
A la vez, se deja en claro que "las rendiciones del Fondo Especial Salto Grande ingresaron al Tribunal como rendiciones espontáneas que se generaron a partir de la tarea de campo de la presente auditoría".

El dictamen
Previo a la definición, los encargados de la auditoría se encargaron de aclarar que con el trabajo realizado "se deja constancia de la falta de cumplimiento en tiempo y forma, por parte del Municipio, de la cláusula segunda del convenio marco, en lo que respecta al envío de las ejecuciones presupuestarias trimestrales".
En el dictamen, subrayan: "Conforme a los procedimientos de auditoría realizados y los elementos de juicio suministrados, en nuestra opinión, dada la importancia de los efectos de los hallazgos descriptos en el apartado correspondiente, la ejecución presupuestaria del Municipio no expresa correctamente su realidad económica financiera". 

"Gran desorden administrativo"
"Se omiten firmas en órdenes de compra, actas de recepción, y/o certificación de servicio prestado, alta de inventario, falta de poderes y/o autorizaciones para retirar cheques en concepto de pago a proveedores, facturas con fecha anterior a la de la respectiva orden de compra", se señala y se advierte (de parte de los auditores del Tribunal correntino) que esto deja "en evidencia un gran desorden administrativo en el que se habilitaba el pago por Tesorería municipal sin que se reunieran previamente los antecedentes". 

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