REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

La Cámara de Senadores convocó a profesores de la Facultad de Derecho

La decisión fue adoptada por la totalidad de los senadores que se hicieron eco de las repercusiones que originó el debate abierto por el Decano de la Facultad, con la participación del cuerpo docente de Derecho Penal y Derecho Procesal. La senadora Carolina Martínez Llano trasladó a sus pares la preocupación de los profesores por contribuir al mejor código posible y se determinó la invitación en la persona de los doctores Luis González, Nelson Pessoa y Lara Leguizamón. Los profesores respaldan la modificación del Código, aunque sugieren algunas modificaciones. Lo importante es que el Senado de la Provincia da un marco de participación y desecha la idea de que será una aprobación exprés a libro cerrado, algo que destacaron los ministros del Superior.

UN DEBATE QUE DA QUÉ HABLAR. El decano de la Facultad de Derecho, Mario Villegas hizo la presentación. Destacó el hecho que la alta casa de estudios receptó la preocupación de los profesores de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y habilitó el debate. Por su parte Luis González, impulsor de la convocatoria, destacó la conformación del panel. Luego ambos se bajaron del estrado y se ubicaron entre la numerosa concurrencia. Lo más destacable es que horas después el Senado dio una clara señal de que está dispuesto a ampliar el debate, descartando que se trate de una aprobación a libro cerrado. Se buscará una síntesis superadora.

El debate que se generó en la Facultad de Derecho estaba llamado a tener repercusiones y las tuvo. En el mismo hubo una activa participación de profesores, jueces y abogados. Se apuntó a respaldar la necesidad de modificar el Código, aunque se precisaron 17 puntos que generan preocupación. Y de hecho no pasó desapercibido el reclamo por la falta de participación de los actores del mundo del Derecho, y la crítica porque sólo uno de los quince senadores respondió a la invitación. Lo más fuerte fue el reclamo del profesor Luis González, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, quien entre observaciones de fondo no dudó en calificar de oscuro el procedimiento legislativo.

Un panel de profesores (algunos de ellos activos protagonistas del foro, jueces y camaristas provinciales y federales) participaron del panel en donde se debatió el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que está bajo tratamiento parlamentario.
A la cabeza del panel estuvieron, como se indicó, los doctores Guillermo Rojas Busselato, Lara Leguizamón, Nelson Pessoa, y Ramón Leguizamón. 
Tras exposiciones muy ilustrativas, se generó a posteriori un interesante intercambio de opiniones, por momentos incluso algo acaloradas.
Básicamente se pusieron de relieve algunas falencias del proyecto que está en discusión en el ámbito parlamentario, con fecha de tratamiento tal vez demasiado cercana sin que el debate haya alcanzado la profundidad requerida.
La juez y profesora de Derecho Procesal, Gabriela Aromí defendió con vehemencia la necesidad de la aprobación de la reforma, entendiendo que dicha reforma "en un proceso", en el que la nueva ley será "el primer paso".
El doctor Rojas Busselato destacó la necesidad del "cambio a fondo" necesario en materia procedimental, pero advirtió que no deberían darse pasos en falso pasando de una cuestionable "inquisición judicial a una inquisición fiscal". Ejemplificó, en tal sentido, con alguna experiencia negativa en la provincia del Chaco.
 
CUIDAR EL ESTADO 
DE DERECHO
 
El prestigioso penalista Nelson Pessoa, por su parte, alertó sobre algunas "falsas premisas" y consideró que se debe encaminar la reforma hacia un sistema acusatorio pero rigurosamente ajustado a derecho, en los términos establecidos por los organismos jurisdiccionales internacionales.
"El proceso debe ser compatible con un estado de derecho", subrayó. Puso de relieve, en ese aspecto, algunas "desobediencias" detectadas hacia los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Justicia.
Consideró que deberían poder revisarse los autos de elevación a juicio, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la propia Corte Suprema de la Nación, por ejemplo, en el caso Casal. Sugirió la posibilidad de eliminar la instancia de casación y mirar con interés los recursos de apelación general y de apelación especial, como se implementaron recientemente en el Paraguay.
También propuso la figura de los jueces de garantía, de apelación y de sentencia.
Párrafo aparte mereció el hecho de que el plazo de investigación de un año dado a los fiscales es absolutamente excesivo. Se cuestionó la incorporación de la figura del arrepentido, y el hecho de que se incorporen normas vinculadas a las técnicas especiales de investigación que, en el orden federal, se limitan a dos delitos y no se extienden más allá de eso, a contrario sensu de la iniciativa que incorpora el senador Breard que está contemplada desde el artículo 208 al 221 y que incluye vigilancia de comunicaciones, vigilancia de equipos informáticos, vigilancia acústica, por captaciones de imágenes, por seguimiento y localización y que se podría aplicar tanto al imputado como a terceros que tengan relación con él, sin que éstos tengan conocimiento, algo respecto a lo cual se centraron fuertes críticas por la falta de garantías que supone.
 
CUESTIONES 
PENDIENTES
 
Se analizó luego el papel insoslayable del Estado en los casos penales de gran impacto social, aunque no así en los delitos menores.
En tal sentido, Pessoa citó una frase del jurista Eugenio Zaffaroni: "Los códigos cuestan plata". Eso dio lugar a un debate sobre la cuestión presupuestaria.
"No podría implementarse el mejor sistema si no tenemos la infraestructura necesaria para ello", indicó uno de los panelistas. En tanto, la senadora Carolina Martínez Llano dijo que se está a la espera de que el Superior Tribunal precise en números el mayor presupuesto que requerirá la aplicación de la norma en sus sucesivas etapas.
También a su turno expresó algunas preocupaciones el magistrado Ramón González, lamentando que el cuerpo de profesores de Derecho Penal y Procesal de la Facultad de Derecho no haya fomentado más debates sobre el tratamiento de esta cuestión clave.
La charla se hizo extensa aunque muy productiva. Respecto a ella ampliaremos en la edición del domingo, así como la temática seguirá siendo abordada por este medio escuchando las distintas campanas. En forma completa, podrá seguirse en EL LIBERTADOR TV (YouTube: El Libertador TV Corrientes; Facebook: Diario El Libertador; o www.diarioellibertador.com.ar).
Importa recordar que la media sanción de la Cámara de Diputados llegó al Senado hace varios meses y está en la Comisión de Asuntos Constitucionales que integran Ricardo Colombi, Carolina Martínez Llano, Graciela Rodríguez, Nancy Sand y Noel Breard.
Este último, con el aporte del doctor Jorge Buompadre y del fiscal Gustavo Robineau, sugirió algunas modificaciones al texto venido de Diputados, como lo hizo el Superior Tribunal de Justicia y de hecho lo hará el cuerpo de profesores de la Facultad de Derecho que el miércoles último, en la charla que presentó el decano de la Casa Mario Villegas y el profesor Luis González, precisaron diecisiete reformas al articulado en consideración.
La idea es que el Senado devuelva antes de fin de octubre el proyecto con las modificaciones que introduzca a Diputados, para que si se aprueban se convierta en ley, no existiendo dudas de la necesidad de aggiornar la norma procesal que es de la década del 70.
En este sentido tanto Ricardo Colombi como la senadora Carolina Martínez Llano dan por descontado que la Cámara alta despachará el expediente con modificaciones. Se receptaran algunas de las propuestas de Buompadre y Breard, otras impulsadas desde el Superior Tribunal y otras por los profesores de la Facultad de Derecho, por lo cual se asigna decisiva importancia a los aportes que traigan al Senado los doctores Luis González y Nelson Pessoa, invitados para exponer ante los 15 senadores el próximo miércoles a las 9, dos horas antes de la solemne ceremonia en la que se rendirá homenaje al arzobispo Emérito de Corrientes, Domingo Salvador Castagna, con la presencia de los tres obispos de la Provincia, y las cabezas de los tres poderes del Estado así como ex gobernadores, legisladores nacionales y provinciales y público en general.

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