LA NECESARIA REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

"Ya es hora de cambiar el auto"

Fue una metáfora empleada por el especialista Jorge Buompadre, para demostrar que el actual Código de Procedimiento Penal ya está vetusto. El tema, sin embargo, no es fácil y está en debate.

TEMA CANDENTE. Jorge Buompadre abordó la cuestión con EL LIBERTADOR TV.

La forma en que se procede para investigar un delito criminal está en el centro del debate público, aunque la sociedad tal vez no participe como debiera hacerlo. EL LIBERTADOR recabó la opinión de un especialista, el doctor Jorge Buompadre. La entrevista podrá verse completa en YouTube: El Libertador TV Corrientes; Facebook: Diario El Libertador o el portal de noticias www.diarioellibertador.com.ar

El doctor Jorge Buompadre es abogado, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y doctor en Ciencias Jurídicas. Especialista en Derecho Penal (Universidad de Salamanca, España), es profesor titular de Derecho Penal II de la Facultad de Derecho de la Unne. Ha publicado 37 libros sobre diversos temas de su especialidad.
Era, por cierto, una opinión insoslayable. El siguiente es el diálogo:
-Brevemente, para el más amplio público, ¿puede explicar qué es un Código Procesal Penal? ¿Para qué sirve y por qué habría que modificarlo?
-El Código Procesal Penal es una herramienta de trabajo, una herramienta de cultura, una herramienta que sirve para poner en marcha un procedimiento, es decir una concatenación de actividades judiciales para que, en función de principios constitucionales como por ejemplo el de debido proceso legal que es un principio constitucional, la gente pueda hacer valer sus derechos o defenderse de imputaciones, etcétera. En definitiva, poner en marcha el Código Penal. Es decir, el proceso penal sería el auto -para no ser muy técnico en la explicación- y el Código Penal seria el piloto, que entre ambos caminan juntos para llegar a una sentencia sobre un hecho sobre el cual una persona está acusada. Para eso sirve el proceso, para no hacernos justicia por propia mano. El Estado ha ideado, ha pensado este tipo de herramientas, que son herramientas sociales, culturales, jurídicas, éticas, que nos sirven a todos los ciudadanos para poder respetar los derechos y hacer valer los derechos de acuerdo a cómo establece la Ley.
-¿Y ese auto -como para tomar esa imagen suya- que es el Código de Procedimiento Penal, está como un poco viejo, no?
-Está fallando un poquito. Este es un Código -yo siempre le digo "este viejito que nos dio tantas satisfacciones"; hay que ser justos en la crítica- que fue modelo de enjuiciamiento penal para la provincia que empezó allá por los años 70, o sea tiene sus años, cuando el mundo no era el mismo, la ciudad no era la misma. No teníamos Internet y con eso ya decimos mucho. Inclusive el índice de criminalidad era muy bajo en aquel entonces en comparación con el actual y por muchos otros factores. Quedó viejo sí, por el paso del tiempo, no porque no haya cumplido con sus objetivos. Yo creo que nos dio justicia, nos enseñó justicia, todos aprendimos de este viejo Código. Pero es hora de remozarlo, de maquillarlo un poco, de ponerle un nuevo ropaje y presentarlo en sociedad con una nueva estructura. Que es lo que intentamos hacer ya hace algunos años y por algunos factores internos y externos, no se ha podido lograr. 
-Y ahora, se retomó con fuerza el proyecto, ¿no?
-Ahora estamos embarcados en un proyecto nuevo. Estuvimos trabajando con el senador (Noel) Breard este tema, y creemos y confiamos en que próximamente vamos a tener -si Dios quiere y la decisión política de por medio- un nuevo modelo de enjuiciamiento en la provincia. 
-No solamente se toman modelos para tratar de hacer un Código propio, sino que a veces hay normas internacionales que es obligatorio cumplirlas…
-Desde el punto de vista normativo, el país ha tenido un cambio muy grande y muy importante desde la sanción de la reforma de la Constitución de 1994, es decir en esa reforma se incorpora un catálogo cerrado de convenios internacionales sobre derechos humanos, que se han introducido a la Constitución y son derecho positivo en Argentina y tenemos que cumplir. 
-¿Y el Código actual colisiona con eso?
-Lamentablemente, este Código fue pensado con anticipación a esos convenios internacionales, que no existían todos y si existían no estaban en la Constitución argentina. Entonces, no había -por decirlo de algún modo- una incompatibilidad inconstitucional. Hoy sí. Hoy ya sí quedó rezagado en ese tema y quedó un poco inconstitucionalizado. La Argentina tiene la obligación, al haber firmado esos instrumentos internacionales, de hacerlos cumplir. 
-¿O sea que quedamos en una situación en que cualquier abogado puede cuestionar una sentencia tildándola de inconstitucional por no cumplir un convenio internacional?
-Exactamente, no sólo una sentencia. Puede hacer con cualquier otra institución que tengamos en el medio, como por ejemplo el auto de procesamiento, la comunicación del imputado, los plazos procesales, es decir, hay tantas cosas que quedaron rezagadas... 
-¿Qué cosas cambian con el nuevo Código propuesto?
-Por ejemplo, el auto de procesamiento desaparece en el nuevo Código. Ahora, el fiscal o el juez va a tener que pedir o aplicar respectivamente la prisión preventiva o la privación de libertad de una persona como medida cautelar, en la medida que se den ciertos presupuestos que ya están en la Ley, que ya están en forma expresa determinadas en la Ley, para que no haya ningún tipo de confusión y no se haga una manipulación del sistema de la prisión preventiva y un abuso al mismo tiempo.
-Dicen algunos críticos de todo este proceso que la aplicación del nuevo Código demandará una alta erogación, un alto costo para el Estado en estas circunstancias. ¿Usted cree que es así?
-No creo que sea así. Lógicamente, esta respuesta debe matizarse. En toda innovación que se haga en la vida institucional de un país o de una provincia, tiene que haber una inversión. Si no hay inversiones, no hay futuro. En todo, en la vida nuestra.
-Pero se va a necesitar más plata... 
-Obviamente que se va a necesitar una inversión. Si nosotros incorporamos la prueba tecnológica, por ejemplo, es decir el recurso de la tecnología digital y de muchas otras como elementos de prueba en el proceso, que son fundamentales... Bueno, se va a tener que invertir en la adquisición de estos aparatos que van a necesitar los cuerpos especializados. Se va a necesitar una capacitación; se va a necesitar una especialización, no solamente de todos los operadores del sistema penal, sino de todo el mundo, todos los que vamos a participar de este nuevo modelo de enjuiciamiento. Vamos a necesitar una inversión.
-Se necesitarán muchos más recursos...
-Eso por un lado. Por otro lado, creo que en la parte estructural, es suficiente con lo que tenemos. Tenemos jueces, fiscales, tenemos secretarios relatores, secretarios jurisdiccionales, mucho personal que puede servir en la redistribución que se haga en la nueva gestión. 
-Ese proyecto que usted encaró junto a otros colegas suyos, ¿qué diferencias tiene con el actual? ¿Es el mismo? ¿Ha sido modificado?
-Mayores diferencias no tiene, porque entre aquel proyecto y este -que también tuve el honor que los senadores me hayan invitado a acompañarlos en el análisis, en el estudio y en la corrección de este modelo- las diferencias son mínimas. Son dos proyectos que tienen una misma base ideológica, que es el sistema acusatorio, donde se distribuyen los roles que la Constitución dice que deben coexistir en un procedimiento penal para que haya igualdad de condiciones en las partes. Es decir, el fiscal, el imputado, la víctima, y el juez que es que está arriba dirigiendo, y custodiando.
-¿Cómo son esos roles ahora?
-En el Código viejo, el que está en vigencia, los roles están superpuestos, investiga el fiscal pero al mismo tiempo la Ley le da el derecho de investigar también al juez de Instrucción. Pero el problema no es ese; el problema es que el juez de instrucción, al mismo tiempo de investigar, de producir pruebas, juzga, cumple los dos roles. Y eso es inconstitucional, indudablemente.
-¿Por qué?
-Porque la Constitución ya dice quién tiene que llevar adelante la investigación: es el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público en la Argentina es una figura constitucional que está en el artículo 120 de la Constitución, no es un invento provincial.
-¿A qué se denomina el proceso oral adversarial?
-El proceso oral adversarial es cuando -el nombre lo dice todo- hay adversarios que se contraponen en igualdad de condiciones. Y el debate es oral. Desaparece lo escrito. Salvo como un recurso excepcional en el proceso. Todo es oral.
-Eso es novedoso...
-En realidad, nosotros ya estamos acostumbrados, porque Corrientes fue pionera -recuerden ustedes- en la inserción del sistema oral en el país, allá por los años 70. Ese no es el problema. El problema que puede generarse, es que todo se debe resolver en una misma audiencia. Ya no son audiencias que se fijan a 15 días, a dos meses, que hay fijar una audiencia y ubicar a las partes, no. Todo va a ser más rápido, mucho más dinámico, más eficaz. Las cosas se resuelven ahí. Somos seres humanos que no podemos estar un año en una audiencia, en la mitad de esa audiencia no nos acordamos ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. No somos una máquina ni tenemos un chip en la cabeza que va acumulando información y guardándola. 
-Armando Aquino Britos nos decía que no puede aplicarse el nuevo procedimiento si antes el Ministerio Público no se subdivide en tres partes…
-Sí. Esa respuesta es correcta, la del doctor Aquino Britos. Por supuesto, es la visión de un constitucionalista, un preclaro constitucionalista. Es decir que tiene una claridad conceptual muy extensa. Pero, la práctica nos demuestra otra cosa. La práctica nos demuestra que no es que conviva el Ministerio Público con el Ministerio de la Defensa, tiene razón porque está respetando lo que dice la Constitución y lo que dijo la Corte. En un fallo dijo "señores, hay que dividir las aguas". Pero en la práctica, aquí, en esta provincia, no se cumple.

La experiencia y la cuestión social
-En el ejercicio de su profesión, ¿qué caso le ha quedado?
-Los casos importantes, mucha gente cree que son los que salen en los diarios, pero hay otros que no también y no tienen tanta difusión mediática, y son muy complejos e inciden mucho en la vida íntima. Por ejemplo, el famoso caso del hermano Ángel, aquel abuso sexual en el colegio Pío XI, que yo tuve en ese caso la defensa de 7 niños. Ese fue un caso muy fuerte, y muy doloroso, y que tuvo una difusión tremenda. Y tuvo 18 años de prisión. Uno de los tantos casos…
-¿En qué medida la problemática penal está vinculada a la problemática social?
-Yo me acuerdo que un profesor, cuando hice uno de mis doctorados en la Universidad de Sevilla en España, siempre le escuchaba decir que la mejor política criminal es la política social. Es verdad. Porque en los últimos años estamos viendo una decadencia en la utilización del derecho penal, en el sentido de abuso. No ocupar el derecho penal cuando realmente corresponde hacerlo. 

La Policía Judicial y la investigación
-Hay una Policía Judicial que también está establecida por la Ley y que debería implementarse y no se implementa. ¿Cuál sería la importancia de esta Policía Judicial, en caso que pudiera ponerse en práctica? 
-En el proyecto nuevo no está, solamente se habla de la Policía. Cuál va a ser el rol de la Policía, cuáles son sus facultades en relación con las que tiene el Ministerio Público Fiscal. Y se ha tomado esa decisión, porque la Policía Judicial no necesariamente tiene que estar regulada exactamente en el Código de Procedimiento, puede ser por una ley especial, puede salir por una acordada del  Superior Tribunal. Aquí en Corrientes ya está la Ley que establece la Policía Judicial en la provincia.
-¿Y cuál es la importancia de esta policía?   
-La importancia de la Policía Judicial reside simplemente en que se trata de una policía especializada. No quiere decir que aquí no la tengamos. La policía administrativa, que es la que depende del Poder Ejecutivo, que es la Policía de la Provincia, también tiene sectores y áreas de gente especializada; en medicina, en informática, en electrónica, etcétera, de manera tal que no nos podemos quejar en ese sentido. Ahora, obviamente que hay que establecer un grupo de policías específicos. 
-¿Cómo sería eso?
-Por ejemplo la policía que investiga delitos económicos; la policía que investiga delitos informáticos; delitos ambientales... Es decir hay tantas áreas de investigación, porque el tipo y el índice de criminalidad ha aumentado. Tenemos que aprender las alertas y empezar a especializar gente. El Estado tiene la obligación de hacerlo. No es un problema individual o personal de cada sujeto, sino el Estado tiene obligación de implementar todas las herramientas posibles y tomar todas las medidas posibles para tener estos cuerpos especialistas, para brindar ese apoyo que necesita el Poder Judicial y poder perseguir penalmente la delincuencia y juzgar rápidamente.

 

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