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POR DARDO RAMÍREZ BRASCHI

La histórica reivindicación de los derechos correntinos sobre la isla Apipé

19 de Julio de 2020


Es conocido el compromiso que tuvo la provincia de Corrientes -a lo largo de la historia argentina- en la defensa del sistema republicano y de la organización federal, pero también no tiene menor intensidad la constante defensa de los territorios que históricamente estuvieron bajo su jurisdicción.

Así, por ejemplo, la presencia permanente de Corrientes en la navegación de los ríos, reclamando la jurisdicción sobre el río Bermejo, así como la jurisdicción por la explotación de las maderas del Chaco; las incursiones -en soledad- de las partidas correntinas enfrentando a los ejércitos paraguayos en las décadas de 1830 y 1840, sin apoyo ni colaboración efectiva de las demás provincias argentinas, hace que el esfuerzo de los gobiernos correntinos sea la piedra angular que sedimenta los efectivos antecedentes para que las actuales provincias de Formosa, Chaco y Misiones formen parte del espacio territorial argentino.
Divisada por los primeros navegantes del Paraná, la isla Apipé tuvo importancia predominante por su ubicación y tamaño y, durante el siglo XIX, su posesión y disputa fue adquiriendo mayor dimensión. Desde tiempos de la colonia, la isla estuvo bajo jurisdicción correntina, más específicamente, del Cabildo indígena de Itatí, institución encargada de conceder permisos, mediante contrato, para la explotación de los bosques.
La jurisdicción correntina sobre la Isla Apipé viene de larga data y durante el transcurrir del siglo XIX la reivindicación sobre ella fue constante y lineal. Además de haber sido ratificado por todos los Tratados firmados entre Argentina y Paraguay, haremos referencia aquí a algunas cuestiones históricas al respecto.
Transcurría el año 1832 cuando las disputas correntino-paraguayas alcanzaron un escenario de conflicto por lo que se hizo necesario que el gobernador Pedro Juan Ferré comande la defensa de los derechos sobre la isla Apipé.
Casi una década después, en 1841, Corrientes firmaba acuerdos de comercio y de límites con Asunción y, en el artículo cuarto, de este Tratado se establecerá:
"Las islas de Apipé, Borda y las que se hallan más cercanas al territorio de Corrientes en el río Paraná, quedan a su favor y, al de la República, las que están en igual caso".
Pero la vorágine organizativa del Estado y las guerras interprovinciales generaron -además de las políticas- dudas y, consecuentemente, disputas de carácter territorial.
Los límites territoriales entre correntinos y paraguayos eran poco perceptibles debido a la extensa frontera en común, la que abarcaba regiones tan dispares como la navegación del Bermejo, el territorio de las ex Misiones, la Tranquera de Loreto o la Isla Apipé.
Durante el año 1848, el Paraguay hará una ofensiva territorial hacia el Sur y pretenderá dominios en el territorio misionero -sobre el río Uruguay- y, la isla Apipé, en el curso del Paraná. Esto llevó a una situación tensa y de confrontación, que Corrientes pudo sortear en soledad sin la ayuda de ninguna otra provincia argentina.
Para complicar aún más las cosas, el 14 de mayo de 1848, fuerzas paraguayas intimaron a los obrajeros correntinos a desalojar la isla de Apipé en el plazo perentorio de tres días. La situación motivó una enérgica protesta de Felipe Arana -entonces ministro de Relaciones Exteriores del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas-, a través de un oficio del 26 de noviembre de dicho año, donde exigía la devolución de la isla de Apipé a Corrientes.
Paralelamente, el gobernador Juan Benjamín Virasoro, en su mensaje a la Legislatura del 24 de enero de 1849, informaba sobre el caso lo siguiente:
"Los actos del gobernante de la provincia del Paraguay en nada corresponden a la conducta pacífica que, el infrascrito, de conformidad con el Gobierno General de la Confederación, le ha manifestado desde el primer día de su advenimiento al mando de esta provincia.
"Recientemente ha obligado -con fuerza armada- a desalojar la Isla de Apipé -de nuestra pertenencia- a un considerable número de nuestros compatriotas pacíficos que allí se ocupaban del corte de maderas, incendiando las ya beneficiadas y causando un quebranto considerable a los infelices que se ocupaban en aquellas labores, sin que por parte del Gobierno hubiese precedido un motivo que pudiera provocar tales actos".
En el Tratado firmado en 1852 entre Argentina y Paraguay, que establecía como límite el río Paraná entre los dos Estados, se complementó un artículo, que establecía que la Isla de Yacyretá pertenece a territorio paraguayo y, al argentino, la Isla de Apipé. De acuerdo a lo establecido en dicho Tratado, la región dominada como Tranquera de Loreto, quedaba bajo jurisdicción argentina.
Las relaciones oscilantes registradas en la década comprendida entre los años 1850-1860 tuvieron matices, al igual que lo sucedido en tiempos anteriores, aunque el tono cambiará y será también diferente a lo que vendría a partir de 1865, con el inicio de las hostilidades desatadas por la Guerra de la Triple Alianza, que no sólo modificó el trato bilateral sino que transformó la política regional de toda la Cuenca del Plata.
El 15 de julio de 1852, Justo José de Urquiza y Carlos Antonio López firmaron un Acuerdo de Comercio y Navegación que tenía por objeto normalizar las relaciones y establecer los límites territoriales. Lo primero que se pactó fue que el río Paraná sería el límite entre la Confederación Argentina y la República del Paraguay, por lo que las tropas paraguayas deberían hacer abandono del territorio misionero (la Isla de Yacyretá quedaba en posesión paraguaya y la de Apipé en manos argentinas).
Luego sobrevendrá la guerra contra el Paraguay y, al término de ésta, los sucesivos Tratados de demarcación y la isla Apipé quedará definitivamente bajo jurisdicción argentina con un poblamiento permanente de correntinos. La no precisión de la letra de los Tratados y los caminos de la naturaleza, que hicieron cambiar el cauce de las aguas del río Paraná, puso en discusión algunos problemas añejos, que deben ser solucionados de acuerdo a los criterios y antecedentes históricos.

El autor es Presidente de la Junta de Historia de la Provincia de Corrientes, Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Historia de la República Argentina.



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