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EDUARDO BARCESAT, ABOGADO DE SOTO DÁVILA

"Violaron la Ley Procesal"

Dijo que su procesamiento se basó en la declaración de un "arrepentido", pero sin el soporte técnico requerido. Eso podría hacer caer toda la causa que llevó al ex Juez Federal de Corrientes a la renuncia.

09 de Julio de 2020
SOSPECHAS. Barcesat sembró una duda: el Juzgado de Soto Dávila tenía también competencia Electoral ¿Lo querrán por eso?



Para el prestigioso abogado y constitucionalista Eduardo Barcesat, las acusaciones contra el ex juez federal número uno de Corrientes, Carlos Soto Dávila, son "totalmente infundadas". Alega que se basan en la declaración de un "arrepentido", así como también de testigos de identidad reservada, en un procedimiento hecho "en violación a los resguardos que impone la Ley Procesal".

Alrededor de este tema, Barcesat dialogó con EL LIBERTADOR TV:
Comenzaríamos hablando acerca de cuál es concretamente la denuncia que formuló con su defendido Carlos Soto Dávila.
-Soy su apoderado de una querella, que tiene por objeto investigar la conducta efectivamente del juez Sergio Torres, del fiscal Carlos Stornelli y del fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el doctor Diego Iglesias, como figura central. Por supuesto que hay partícipes necesarios que también han intervenido en esta maniobra jurisdiccional que consistió en que a partir de los dichos de un arrepentido en una causa por investigación de narcotráfico que llevaba adelante el doctor Sergio Torres, aparecen imputados tanto el Juez titular del Juzgado Federal N° 1 como su secretario, en el sentido de que favorecerían a determinadas personas y a través de cohechos pasivos, es decir, a través de percibir una dádiva o beneficios a partir de obtener los imputados esa mejor situación procesal. Esto es totalmente infundado, porque en realidad la declaración de este arrepentido, así como también de testigos de identidad reservada, todo, ha sido hecha en violación a los resguardos que impone la Ley Procesal en el sentido de que debe haber, esto es fundamental, un soporte técnico idóneo, ya sea audiovisual o de audio por lo menos, para que se advierta que la grabación es fidedigna y que no ha habido ningún tipo de presión o de direccionamiento de la declaración del imputado o colaborador. En este caso, los elementos son absolutamente falsos, basados en declaraciones de un señor Marín, que con ello obtuvo no ser procesado por el delito de narcotráfico, que es el que estaba investigando Sergio Torres en la Capital Federal. Pero lo hace vincular a beneficios que otorgaría el Juzgado a cargo del doctor Soto Dávila y como contraprestación él recibe la exoneración suya de ser procesado e indagado y prisión preventiva y la de su pareja, que también estaba detenida por narcotráfico. Este relato además de la terrible circunstancia de que los abogados defensores tanto de Soto Dávila como los dos o tres secretarios no han podido acceder a las pruebas de una causa de narcotráfico que está transitando en Capital Federal. Este tipo de maniobra se identifica claramente con la de la causa de las fotocopias de cuadernos, en donde también intervengo y defiendo al ingeniero Gerardo Ferreyra. Conozco a través de esa causa cómo se presionó a mi cliente diciéndole 'tu familia está afuera esperándote, si decís lo que tenés que decir imputando a los mugrientos, -palabras textuales del fiscal Stornelli-, entonces vos te vas de acá con tu familia y si no te vas a cárcel, estas son las reglas del juego'. El ingeniero decidió mantener su integridad moral y pasó un año preso hasta que obtuvo la excarcelación después de la prisión preventiva domiciliaria, un calvario destructivo de la persona humana. En el caso del doctor Soto Dávila, la presión también existió. Le dijeron: 'bueno usted tiene que renunciar a su cargo de juez y entonces le vamos a conceder una prisión domiciliaria por su edad y por su estado de enfermedad. Esta no es la forma de administrar justicia. No es que él se hubiera arrepentido en su declaración, sino que le dicen 'renuncie al cargo y entonces sí va a tener prisión domiciliaria; si no, va a tener que ir al calabozo'.

Los entretelones de una causa que despierta incógnitas

 ¿Usted cree que hay una especie de asociación entre justicia y el narcotráfico que está llevando a estos extremos?
-Yo creo que si a esto se agrega la presencia de (Marcelo) D' Alessio en los medios invitado por los medios de comunicación hegemónicos, para que informe sobre la operación Sapucay -creo que así la bautizaron-, dejando detalles y contando con una imaginación pródiga cómo era la vinculación y cómo era la conexión, y a la vez hace intervenir a sus socios D'Alessio para que asista a uno de los que también se arrepiente y testimonia sin que por supuesto tampoco Faraone contemos con ese testimonio, bueno el resultado es similar al de la causa de los cuadernos; es decir una putrefacción institucional donde la perversidad mayor que esto se trame allí donde está el arco de soporte de todo el derecho de garantía constitucional que es el Poder Judicial de la Nación. En función de haber arribado a esta conclusión con los datos y la minucia que me ha aportado el doctor Soto Dávila es que radicamos la querella. La querella inicialmente quedó radicada en el mismo juzgado donde había tramitado la investigación; si bien el titular de cambio ya era ahí un titular interino, un juez subrogante, lo cierto es que planteamos la excusación. Acaba de excusarse hace minutos, me han notificado el doctor  (Rodolfo) Canicoba Corral que manda la causa a la mesa de entrada de la Cámara del Crimen para un nuevo sorteo, en esa hemos ratificado de no sólo de quien habla, sino también Soto Dávila hizo una manifestación hológrafa para que quede claro que es su declaración, su voluntad acompañada por su Documento Nacional de Identidad. Con todos estos recaudos ya se tiene por ratificada la acción y en la primera medida que pedimos es el secuestro de la causa tramada de esta forma tan obscura, tan ajena al debido proceso y tan lesiva del deber de obediencia a la supremacía constitucional.
Aguardo sinceramente que este sea un aporte más a la deconstrucción del Lawfare que se instaló en la Argentina a partir de la gestión macrista, y donde se vulneraron los principios del debido proceso la presunsión de inocencia y la prisión preventiva se utilizó como una pena indeterminada y como una amenaza para obtener "los logros", entre comillas que la institución pretendía.
Recordemos que el juez Soto Dávila encabeza el juzgado que tiene entre otras competencias la Justicia Electoral, que es la que revisa el bien obrar de los partidos políticos, sus cuentas, si los avales son correctos, los aportes, etcétera. Una función muy delicada, muy importante y que es de titularidad de ese Juzgado Federal N° 1.
-Doctor, consultarle dos cosas puntuales hablando específicamente del doctor Soto Dávila. ¿Cuál es la situación procesal puntual del doctor Soto Dávila, y si este cargo que dejó vacante cómo se lo llega a cubrir esta vacante?.
-Respecto a la situación procesal de él, está procesado con prisión preventiva con el beneficio de la prisión domiciliaria en razón de edad y enfermedad y dos renuncias ha tenido que presentar. La renuncia al cargo y la renuncia a la carrera docente, él tiene la titularidad de la cátedra por concurso de antecedente y oposición precisamente -y vaya paradoja- de Derecho Constitucional, de manera que prácticamente ha pasado a ser muerto civil porque tiene un embargo cuantioso porque perdió su carrera y su cargo docente de profesor titular por concurso de más de 20 años que estaba en el cargo de la titularidad. El juicio está divido, todavía el doctor Canicoba Corral está haciendo medidas instructorias para tratar de rellenar las grandes falencias que tiene la instrucción  que llevó adelante el doctor Sergio Torres que elevó la causa a juicio oral, entiendo fundamentalmente porque tenía que aceptar su cargo de ministro de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y lo mandó entonces para el Tribunal Oral N° 3, que es donde están acumuladas las causas de narcotráfico que tramitó ahí si con competencia territorial que fueron gente aprehendida en territorio de la ciudad de Buenos Aires, de modo que tiene una causa con dos radicaciones. Todavía está en buena medida en manos del Juez de Primera Instancias por toda las falencias instructorias que tiene la causa y digo falencias instructorias -quiero ser claro- porque la Ley de Arrepentido que después de escuchar la declaración y homologar la del arrepentido tiene un año para corroborar; es decir para que sus dichos tengan otra prueba soporte. Bueno acá se da que todos los que declararon en la causa controvirtieron pero con absoluta rigurosidad y les diría que de forma coincidente todas las patrañas que lanzó Marín en su declaración de arrepentido, hay cosas que ya exceden el marco de lo opinable, por ejemplo atribuirle a un abogado ya fallecido antes del hecho haber sido quien llevó una coima soborno para torcer la voluntad del Juez y del secretario.




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